En España se asiste desde hace un tiempo a un gran paripé al hilo de la energía nuclear. Desde la mayoría de las eléctricas se ha tardado en hablar de la necesidad de prorrogar su vida útil o se ha hecho sin peticiones oficiales al Gobierno, pero ahora multiplican su inversión publicitaria para que los medios de comunicación hagan más ruido y se pueda salvar a los reactores de su cierre previsto.

Mientras, en Moncloa prefieren mirar para otro lado... y no dar a torcer su brazo ecológico e ideológico. El panorama no ha mejorado nada con la  marcha de Teresa Ribera a una vicepresidencia europea, pues su relevo como vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, SaraAagesen, está siendo aún peor y no ha dudado en tirar balones fuera hacia las empresas propietarias de los reactores (o sea, Endesa, Iberdrola, Naturgy y EDP) e incluso en mentir. De hecho, sigue en sus trece defendiendo el cierre acordado y progresivo, pero sabe que va a tener que prorrogar la vida útil de las nucleares... sobre todo para evitar apagones, pero lo hará ‘in extremis’ para que no parezca un fracaso de su política verde.

Y en el medio, una vez más, están los ciudadanos, que serán los más afectados si al final se comete el mismo error que Alemania y se cierran las nucleares: se disparará el uso del gas, aumentarán las emisiones de CO2, se encarecerá la factura de la luz y habrá apagones. Es cierto que cada vez hay más voces en defensa de la nuclear y hasta ha surgido una plataforma ciudadana desde pueblos extremeños, denominada ‘Sí a Almaraz, Sí al futuro’, para defender la extensión de la vida útil de la central de Almaraz que genera 3.000 empleos y cubre el 7% de la demanda eléctrica anual de toda España (destacando que aporta el 54,7% de la electricidad de Extremadura y el 15% de la que requiere la Comunidad de Madrid). 

Tampoco hay que obviar la realidad. En febrero, la nuclear fue la primera fuente de generación de electricidad, a pesar de que Redeia no lo destaque. De hecho, aportó el 22,1% del total, seguida de la hidráulica (20,2%), y a mucha más distancia por la eólica (17,3%), la solar fotovoltaica (14%) y el ciclo combinado (13,8%), entre otras. Al hilo de esto cabe recordar que la presidenta de la compañía transportista de luz y operadora del sistema eléctrico español, la ex ministra socialista Beatriz Corredor, ha subrayado que la seguridad de suministro está certificada “con la estructura de generación que define el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima)”, pero no tiene en cuenta que muchos de los objetivos de dicho plan -sobre todo de almacenamiento y de instalación de renovables ni se están cumpliendo ni se van a cumplir-. Alfredo García (más conocido en X como Operador Nuclear) es ayudante de jefe de turno en la central nuclear de Ascó, tiene licencia de operador de reactor y supervisor, y también es ingeniero de Telecomunicaciones, licenciado en Comunicación Audiovisual, divulgador científico y escritor, y ha referido un informe de Redeia que recoge que habrá “mayor dificultad en la operación del sistema” al reducirse la potencia firme de las nucleares y “mayor riesgo de incidentes en la operación que puedan afectar al suministro”.

También hay que tener en cuenta las cada vez más numerosas advertencias. Entre ellas, están las de: la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la Asociación Nuclear Mundial (WMA), el Foro Nuclear, la industria auxiliar del sector eléctrico, la Cámara de Comercio de EEUU en España, Foment del Treball, la Comunidad de Madrid, la consultora PwC, el exministro socialista Jordi Sevilla desde LLYC, Fedea, el PP, el sindicato UGT, etc.

En este escenario, ha sorprendido que, por fin, se oyera a Iberdrola. Su presidente ejecutivo, Ignacio S. Galán, defendió el mantenimiento de las nucleares en el último Foro de Davos. Y semanas después, el CEO de Iberdrola España, Mario Ruiz-Tagle, pidió diálogo a Aagesen sobre el cierre nuclear y el “agobio económico”, subrayando que “si se buscan soluciones, seguimos operando”. Esto último cabreo, y mucho, a la vicepresidenta tercera. 

 

La semana pasada, aprovechando la presentación de resultados anuales, José Bogas, CEO de Endesa, volvió a defender la nuclear, como en otras ocasiones. Eso sí, esta vez pidió que se revisara el plan de cierre de las nucleares, y si al final se extiende su vida útil, que se adecue la carga fiscal. 

Por su parte, desde Naturgy, su presidente y CEO, Francisco Reynés, fue algo pícaro. De hecho, tuvo bastante cara porque no le importa demasiado el cierre de las nucleares dado que tiene menos participación que Endesa e Iberdrola en dicha energía y que si cierran se disparará el uso del gas porque las renovables son intermitentes y no podrán cubrir todo el suministro. Por eso se limitó a recordar el acuerdo sobre el calendario de cierre de 2019 y que “a día de hoy no hay constancia de cambio de calendario y en régimen económico (en alusión a los elevados impuestos), no tenemos constancia de que vaya a haber cualquier cambio”. 

Y en la energética lusa EDP tampoco se habla mucho de la nuclear, pues sólo está presente en la centra de Trillo (la última que cerrará según el calendario vigente) y con una participación del 15,5%. Pero ojo, porque ya no le va tan bien en renovables: su filial verde EDPR ha tenido pérdidas.