En las últimas semanas, se han conocido 733 despidos entre tres empresas (Azucarera, Bimbo y Freixenet), a pesar de que desde el Gobierno Sánchez se presume de crear empleos cuando España sigue siendo líder en tasa de paro dentro de la UE y la OCDE. Más tijeretazos a las plantillas del sector agroalimentario español… mientras los alimentos siguen encareciéndose.

Recientemente, se ha conocido que el IPC ha subido un 1,9% en mayo, según el dato adelantado del INE. Este organismo público de Estadística ya refirió que desde julio de 2018, cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, y hasta el pasado marzo, la inflación acumulaba una subida del 21,4%. En el caso de los alimentos el sindicato USO refería un encarecimiento del 31,5% desde 2021 y la semana pasada, Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, le espetó a Sánchez en la sesión de control al Gobierno que los alimentos ya acumulan un encarecimiento acumulado del 37%. 

Vayamos a los despidos. Azucarera ha sido la penúltima en sumarse. Se trata de una empresa que era propiedad de Ebro Puleva (hoy Ebro Foods, pues vendió su negocio lácteo al grupo francés Lactalis en 2010) y en 2008 decidió venderla a Associated British Foods (AB Foods), matriz la low cost textil Primark, y esta operación recibió el visto bueno de la Comisión Europea en 2009.

Azucarera ha anunciado un ERE (por causas económicas, productivas y organizativas) que afectará a 251 empleados de todas sus fábricas y de sus oficinas (situadas en Madrid y Barcelona), lo que supone el 26,6% de su plantilla (que asciende a 944 personas), y ha anunciado el cierre de la planta de La Bañeza (León). De esta forma, cesará la molturación de remolacha en la fábrica leonesa porque “concentrar toda la molturación (trituración) en único centro -el de Toro (Zamora)- es la única manera de garantizar nuestra sostenibilidad y el futuro de la empresa”, ha explicado su CEO, Juan Luis Rivero. Al mismo tiempo, la planta de Miranda de Ebro (Burgos) ya no se encargará de la molturación de la remolacha, sino que sólo se mantendrá operativa como refinería de azúcar y seguirá habiendo dos centros de envasado -en Benavente (Zamora) y en Jerez de la Frontera (Cádiz)-. Ante los “elevados costes” que afrontaba al mantener tres fábricas para triturar la remolacha, la volatilidad del precio del azúcar y las menores producciones de remolacha al prohibirse el uso de sustancias activas, la compañía ha apostado por los ajustes para recuperar su competitividad en el mercado.

La organización profesional agraria UPA ha pedido a la Junta que Azucarera devuelva todas las ayudas porque se confirma la “tomadura de pelo” y el “engaño sistemático”, pues “Azucarera usa a los remolacheros y se deshace de ellos después de haber recibido numerosas subvenciones”

Una decisión que en última instancia tiene como responsable a la matriz de Primark y que no ha gustado nada en Castilla y León. Desde la Unión de Campesinos en Castilla y León (UCCL) se ha acusado a Azucarera de dejar en la estacada a los remolacheros y se ha lamentado que esto vaya a suceder sin que lo impidan la Junta (presidida por el pepero, Alfonso Fernández Mañueco) y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación que lidera el socialista Luis Planas. UCCL ha advertido que Fernández Mañueco no puede permitir el cierre de la planta de La Bañeza “después de haber sostenido con fondos públicos a esta empresa” y ha pedido que Ministerio y Junta apuesten por el cultivo de la remolacha en Castilla y León. Por su parte, la organización profesional agraria UPA ha pedido a la Junta que Azucarera devuelva todas las ayudas porque se confirma la “tomadura de pelo” y el “engaño sistemático” de la compañía. “Azucarera usa a los remolacheros y se deshace de ellos después de haber recibido numerosas subvenciones”, ha subrayado.

Desde las administraciones, el presidente castellano leonés, el pepero Fernández Mañueco,ha pedido a Azucarera que mantenga la planta de La Bañeza porque es rentable y que busque una actividad industrial paralela. El también pepero, Javier Carrera de Blas, alcalde de La Bañeza, ha señalado que el cierre de la fábrica es una “desgracia” para el pueblo y desea poder “reconducir” la situación para que los trabajadores no queden “desamparados”, pues “numerosas familias leonesas dependen del sector”. Y el presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, ha mostrado su “total oposición” al cierre de la citada planta de Azucarera y ha exigido medidas a la Junta de Castilla y León y al Ejecutivo central ante el “despropósito”.

Freixenet lanza un ERE que afectará a 180 empleados (24% de la plantilla), después de un ERTE pactado hace un año, aludiendo a la sequía que está provocando falta de uva, pero la situación es peor: la apuesta por un espumoso diferente, bajo la apariencia de cava, pero que no lo es

Y de Azucarera pasamos a Bimbo, que en 2015 adquirió la compañía española Panrico, ha llegado a un preacuerdo con los sindicatos en la negociación del ERE que afecta a 302 empleados de su red de distribución. El grupo mexicano ha reducido la cifra de despidos, que en un principio se situaba en 352, y ha mejorado las indemnizaciones, según ha informado el sindicato CCOO, y se ha comprometido a extender la cotización hasta que los afectados tengan 63 años y a dar prioridad en el ERE a los mayores de 55 años. Además, Bimbo reanudará la negociación del convenio colectivo el próximo 19 de junio.

Como dice el refrán español, no hay dos sin tres, y llegamos a Freixenet, que ha lanzado un ERE, después de un ERTE,… por la sequía. El ajuste afectará a 180 empleados, lo que supone el 24% de su plantilla, y se produce después de que hace un año, esta empresa clásica española -y famosa por su cava- pactara un ERTE por causas económicas, con los sindicatos para el 61% de la plantilla, tras el ‘no’ de la Generalitat de Cataluña al ERTE por fuerza mayor.

Recuerden que desde 2018, Freixenet está controlada por el grupo Henkell (área de vinos, espumosos y bebidas espirituosas de Geschwister Oetker Group, que es propiedad de la familia Oetcker) debido a las divisiones que había entre las ramas de la familia fundadora (los Ferrer). Ante los 180 despidos anunciados, la plantilla ha convocado una huelga que empezó hace unos días y que, por ahora, se extenderá hasta el próximo 4 de junio. Los trabajadores protestan porque el ajuste se ha argumentado por la sequía (que afecta a la zona donde se cultiva la uva de la que luego sacan el cava en los últimos tres años), pero esconde otra situación mucho más negativa: el desmantelamiento de la industria del cava del Penedès. Y es que ante la falta de uva, Freixenet ha apostado por un espumoso diferente, bajo la apariencia de cava (y de su conocida botella de Carta Nevada), pero que no lo es.