- También ha vendido la deuda vinculada, que asciende a 327 millones, como Caixabank, Ibercaja y Sabadell.
- Bankia es el banco más expuesto, con la deuda suma 480 millones, pero su decisión depende del FROB.
- Entre los que no lo han hecho, están BBVA (con una deuda de 275 millones) y Popular (120 millones).
- El fondo británico Taconic es el principal comprador de la deuda, con quitas de entre el 80% y el 90%.
- La postura de los bancos extranjeros es firme: no cederán y esperan a que los jueces les den la razón.
Pasito a pasito pero sin perder demasiado tiempo, casi todos los
bancos patrios que han ido vendiendo la deuda vinculada a la decena de
autopistas de peaje en quiebra, ese embrollo que
Ana Pastor, hoy presidenta del Congreso, dejó sin resolver y que le toca lidiar ahora al ministro de Fomento,
Íñigo de la Serna.
El Santander ha seguido así los mismos pasos, aunque más tarde, que
Caixabank, la primera entidad en vender, y de
Ibercaja -las dos entidades, antes del verano- y del
Sabadell, que hizo lo propio en septiembre. Y la explicación de los que no lo han hecho todavía puede deberse a que no lo han provisionado (el caso del
Popular) o sencillamente, porque, de momento, no lo van a hacer, como
Bankia, controlado por el
FROB.
La deuda vinculada de Bankia asciende a 480 millones de euros, y le siguen, por volumen, el Santander (327 millones), Sabadell (310 millones), Caixabank (290 millones),
BBVA (275 millones), el
ICO (270 millones),
Novobanco (170 millones),
RBS (120 millones), Popular (120 millones) y
Unicaja (115 millones).
Una cosa está clara. A ninguna entidad le convenció el plan ofrecido por Ana Pastor, la misma que
afirmó una y otra vez que el rescate no costaría dinero al ciudadano. Aceptaban una quita del 50% pero no el pago con un bono a 30 años a un interés del 1%. Y el panorama se completó, la semana pasada, con el ministro De la Serna, que señaló que no hay más alternativas que la
nacionalización de esas diez autopistas.
La
deuda financiera no es
moco de pavo precisamente, ya que asciende a 5.000 millones de euros, de los cuales
el 66%, unos 3.700 millones, es deuda bancaria, que se reparten entidades nacionales y en extranjeras. El resto forma parte del dinero que reclaman las constructoras por obras pendientes de cobro y, sobre todo, por el coste de las
expropiaciones. La batalla jurídica de estas últimas está en los tribunales, y algunos de esos expropiados ya tienen el visto bueno de los jueces en contra del Estado.
Los bancos extranjeros no sólo no han vendido esa deuda, como la mayoría de los bancos españoles -al fondo británico Taconic, en concreto, con quitas de entre el 80% y el 90%-, sino que su postura es bastante contundente, cuando no agresiva, a la hora de negociar con el
Ministerio de Fomento.
Entre esos bancos extranjeros, destacan, por volumen de deuda,
ING (100 millones),
Barclays (80 millones),
BNP (80 millones y
Lloyds (55 millones).
Resumamos: a todos los bancos les pareció un despropósito el plan de Ana Pastor, pero mientras los bancos españoles han decidido, en su mayoría, salir del enjambre,
los extranjeros prefieren esperar a la hora de que un juez les dé la razón en el tribunal de arbitraje que corresponda. Y no es poco beligerante, precisamente, su actitud.
¿A cuánto ascenderá, por tanto, el coste real para el Estado de la
nacionalización de las nueve autopistas? Eso parece un misterio, de momento, al margen de las cifras que filtre el Ministerio de Fomento a
El Mundo (2.100 millones).
La factura, en cualquier caso, tiene poco de broma. No sólo por el pago que supondrá a los contribuyentes; también por lo que habrá que lidiar teniendo en cuenta las
exigencias de Bruselas al Gobierno para cumplir con el déficit. Los 5.000 millones, que Fomento espera reducir sustancialmente, equivalen al 0,5% del PIB español.
El problema de fondo está en que en los contratos de concesión que firmaron las empresas privadas hay una cláusula de la
Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA), que obliga al Estado a asumir la
gestión de una infraestructura en quiebra y pagar a las empresas. Ana Pastor intentó cambiarlo pero al final no pudo hacerlo porque los tribunales lo rechazaron. Y con los bancos, la guindilla la puso la propuesta de pago -había aceptado una quita del 50%- con un bono a 30 años a un interés del 1%.
Rafael Esparza
