Consejo de Ministros del martes 10 de marzo. El Gobierno contribuye a la histeria colectiva causada por el coronavirus, “un desafío global que requiere coordinación y una estrecha monitorización”, ha afirmado la ministra portavoz, María Jesús Montero. De hecho, se ha pasado de “un seguimiento diario a un seguimiento horario”. Por su parte, el titular de Sanidad, Salvador Illa, ha ofrecido los últimos datos que tenía: 35 muertos, 1.622 casos, 135 altas y más de 17.500 pruebas realizadas, ensalzando la labor de los médicos y añadiendo que estamos en “fase de contención reforzada”.   

Eso sí, Illa se ha esforzado en subrayar que la cosa empeoró “al anochecer del domingo” para justificar que no se suspendiera la manifestación del 8-M… ¿Alguien se lo cree? Resulta difícil… y más teniendo en cuenta cómo actúan las feministas, incluso con otras mujeres, así como el hecho de que la ministra de Educación, Isabel Celaá, y la extitular de Trabajo, Magdalena Valerio, acudieron a la manifestación con guantes de latex (de color morado, por supuesto).

Y las bajas laborales provocadas por el coronavirus las pagará… la Administración. La CEOE estará contenta

Entre las medidas adoptadas, “todas necesarias para proteger la salud de la población”, según Montero, está la prohibición de los vuelos a Italia (medida complementaria a la que ya se aplica en este país) desde el próximo miércoles y hasta el 25 de marzo, así como suspensión de los viajes del Imserso durante un mes. Al mismo tiempo, los acontecimientos deportivos “que supongan gran afluencia de aficionados serán a puerta cerrada (Illa ha citado la Liga de Primera División y de Segunda en fútbol, y la Liga ACB y la LEB Oro de baloncesto) y otros eventos con movimientos importantes se valorarán con comunidad autónoma que corresponda (por ejemplo, las Fallas).

A todo esto se une, en el caso de las zonas de transmisión significativa (Madrid, Vitoria, Labastida y La Rioja): la suspensión de actividades colectivas con más de 1.000 personas, que se celebrarán a puerta cerrada; y aquellas cuya afluencia sea inferior a las 1.000 personas deberán reducir su aforo un tercio. Una marea de prohibiciones, como pueden ver, siempre vendidas con el mismo cartel: que no cunda el pánico, es para proteger la salud.

Y Podemos se sale con la suya: imposible echar de casa al moroso durante cuatro años

Y por cierto, el Gobierno aprueba un Real Decreto-Ley por el que se asimilan las bajas laborales provocadas por el coronavirus y los casos de aislamiento preventivo a incapacidad temporal por accidente de trabajo. La prestación equivale al 75% de la base reguladora desde el día siguiente a la baja y la pagará la Administración. La CEOE estará contenta, pues su presidente, Antonio Garamendi, había señalado que “lo que no puede pasar es que esto lo paguen las empresas en aquello que no les corresponde”.

Paralelamente, en el Consejo de Ministros se han tratado otros asuntos. Entre ellos, cómo no, Podemos se ha salido con la suya: se ha aprobado un Real Decreto-ley que refuerza la protección a colectivos vulnerables que están en riesgo de desahucio hipotecario. Así se prorroga cuatro años la suspensión de los lanzamientos para deudores vulnerables: “hasta 2024 ninguna persona vulnerable será expulsada de su hogar por impago de la hipoteca”, ha subrayado María Jesús Montero.