Greenpeace quiere poner fin a los contaminantes jets privados, entre ellos, el Falcon que tanto gusta a Sánchez
Greenpeace quiere prohibir los jets privados por contaminantes y ha lanzado una petición mundial solicitando el apoyo de los ciudadanos. Pedro Sánchez, gran aficionado a usar el Falcon, tiene un serio problema.
La ONG ecologista ha señalado que los vuelos de jets privados en Europa han subido un 64% en 2022, alcanzando los 572.806 y de los que el 55% han sido cortos o ultracortos (es decir, inferiores a los 750 kilómetros) y que se podrían haber hecho en tren o ferry sin grandes aumentos de duración). Así lo refleja el estudio encargado a la consultora medioambiental holandesa CE Delft, que también recoge que las emisiones de los aviones privados no han dejado de crecer: se han duplicado en 2022, llegando a más de 3 millones de toneladas de CO2, equivalentes a las emisiones medias anuales de CO2 de 555.000 residentes en la Unión Europea.
Unas cifras récord que suceden mientras el continente lucha contra una agravada emergencia climática, que está provocando episodios de calor invernal sin precedentes y preocupantes sequías, denuncia Greenpeace. Y los países con más vuelos en jets privados, y por tanto más contaminantes, son: Reino Unido, Francia, Alemania y España. En nuestro país, los vuelos en jets privados han pasado de 26.2390 en 2021 a 45.633 en 2022, lo que supone un incremento del 74 % en un solo año, y las emisiones de CO2 han aumentado de de 126.786 toneladas a 243.851 toneladas. En todo esto ha contribuido, y mucho, Sánchez, al que le encantan los vuelos en el caro y contaminante Falcon (uno de los aviones del fabricante francés Dassault Aviation).
Recuerden que la vicepresidenta ecológica, Teresa Ribera, es inflexible con todos en el tema de las emisiones, menos con Sánchez… y eso que se llevó tres aeronaves (Super Puma, Airbus y Falcon) a la Cumbre del Clima. Además, hay que tener en cuenta que los jets privados y las emisiones que producen no están regulados en la UE y están excluidos de la legislación de la UE que debe abordar las emisiones de gases de efecto invernadero, a pesar de que son la forma de transporte más contaminante, derrochadora de energía y menos equitativa por pasajero y kilómetro, refiere Greenpeace.
