El inspector de banca y ex director general de la Vivienda con Felipe González, Mariano de Diego, ha presentado una querella criminal contra el equipo directivo del Banco de España en 1993, formado por el gobernador Luis Ángel Rojo Duque, el subgobernador Miguel Martín Fernández y el consejero Julio Segura Sánchez, así como contra los altos cargos del organismo Joaquín Fanjúl Alcocer, José Ramón del Caño (ambos directores de la Asesoría jurídica) y Lucinda Claver Madurga, instructora de un segundo expediente a De Diego.
En definitiva, que el juzgado podría encausar a un Rojo que hoy es del Consejo del Santander Central Hispano, banco al que fue a parar el Banesto intervenido por el nuevo consejero de Banesto, a Miguel Martín, a punto de tomar posesión como presidente de la patronal bancaria AEB y Julio Segura, economista próximo al PSOE y candidato a suceder a Jaime Caruana como primer gobernador del Banco de España por el zapaterismo.
La querella criminal se interpone por prevaricación y desobediencia a las resoluciones judiciales, en concreto a dos sentencias del Tribunal Supremo.
Mariano de Diego es inspector del Banco de España, y fue hombre de confianza de distintos gobiernos de Felipe González, que fue enviado al antiguo Banco de Crédito Agrícola para gestionar las crisis de las cooperativas de Crédito. Al final, recaló en la famosa PSV, de la mano del más famoso Carlos Sotos. Éste le ofrece incorporarse al Consejo de la sociedad de crédito hipotecario ISG-SCH. Es convocado y participa en una sola sesión del Consejo antes de la intervención, en la que no se trata nada irregular y no cobra un duro del mismo. Incluso Prudencio García Gómez, el hombre enviado por el Gobierno para arreglar el entuerto PSV, envía una carta a José Pérez, entonces director general de la inspección del Banco de España, en el que pide que las medidas disciplinarias no afecten a De Diego porque no tiene nada que ver con las posibles irregularidades de la sociedad. Es más, el director general de Inspección José Pérez retiene la carta, y no la hace llegar a los servicios jurídicos del Banco de España, que estaban instruyendo el expediente. De Diego se entera por los periódicos de la sanción de inhabilitación ala que fue condenado. Es decir, que no tuvo la menor oportunidad de defenderse.
Pero no sirve de nada. De Diego es condenado a dos años de inhabilitación para trabajar en entidades financieras lo que destruye su carrera profesional-. A partir de ahí llega el viacrucis jurídico. Desde aquel 1993 hasta hoy, De Diego le ha ganado, inicialmente, dos sentencias en el Tribunal Supremo al Banco de España. La respuesta del emisor fue mantenerle sentado a una silla durante 20 meses sin darle trabajo alguno y, lo que es más grave, no hacer caso de las sentencias del TS, que certificaban la indefensión de Mariano de Diego y su inocencia en el caso IGS-PSV. Es más, para no tener que aplicar la primera sentencia del Tribunal Supremo que probó la indefensión absoluta de Mariano de Diego, y aludiendo a una carta que De Diego dirigió a los servicios de inspección interna del Banco de España para que se investigara lo que se había hecho con él y la conducta de las personas que lo habían llevado a cabo Luis Ángel Rojo ordena, a primeros de marzo de 1997, despedir a Mariano de Diego, diciendo que su carta es insultante, y abrirle un nuevo expediente, sobre los mismos hechos que estaban sub judice, es decir que estaban en ese momento siendo conocidos y juzgados por el Tribunal Supremo en el marco de un recurso contencioso ordinario interpuesto por De Diego en febrero de 1994.
Poco después, se coloca su fotografía, en la entrada del Banco de España, en el Caserón de la Plaza Cibeles, junto a la de los etarras más buscados del país, con el fin de que los servicios de seguridad no se equivoquen y le franqueen la entrada.
En el aspecto laboral, De Diego pierde la batalla, pues después de una primera sentencia en la que la juez decreta su despido nulo, hay una sentencia del Tribunal Superior declarando su despido procedente, a pesar de que en ambas sentencias se declara expresamente que no existen ninguno de los dos componentes esenciales del ilícito jurídico que se le imputó a Mariano de Diego, el carácter ofensivo de determinadas frases seleccionadas por el Gobernador, y la difusión generalizada de su carta, en determinados días y en determinados centros .
El Tribunal Supremo, en dos nuevas sentencias de octubre de 2004 y febrero de 2005, ha vuelto a anular las sanciones que se le volvieron a imponer a De Diego en 1998, como resultado del nuevo expediente que se inició contra él el día de su despido, quedando probada una vez más su inocencia absoluta. En esta larga batalla el Instituto supervisor ha llegado a mentir en reiteradas ocasiones en las memorias enviadas al Congreso de los Diputados, al afirmar, por ejemplo, que ha ganado todos los recursos en el Supremo, a sabiendas de que ha perdido los de Mariano de Diego.
Alguien dijo que el Banco de España es una entidad que trabaja al margen del Estado de Derecho y algo de verdad hay en lo que un día le dijo Miguel Martín, entonces subgobernador, al perseguido miembro del Cuerpo de inspectores: Tu ejemplo no puede cundir. Con ello, quería expresar que el Banco de España no puede dar marcha atrás en un expediente sancionador, por injusto que sea, dado que su autoridad quedaría en entredicho.
Por lo que respecta a Jaime Caruana, no ha recibido a Mariano de Diego, aunque ordenó un informe a sus subordinados. Al Final, el Consejo de Gobierno decidido a mantener la misma actitud de Banco de España, naturalmente sin escuchar al interesado.
