Fue en tiempos de Chesterton cuando se inventó esto de la negociación salarial bajo el esquema aún en vigor: empresarios contra sindicatos y el Gobierno como hombre bueno, justamente en medio. Según el escritor inglés, tal cosa era un espejismo : no había dos púgiles y un árbitro, sino dos contra uno, porque el Gobierno era, tanto por hábito como por definición, el Gobierno de los ricos, por lo que dos ricos se enfrentaban a un pobre, y era fácil colegir el resultado.

Y eso que en tiempos de Chesterton no se había producido la actual degradación sindical. De otra forma, creo que, a día de hoy, no habría hablado de enfrentamiento desigual sino de convenio entre tres instituciones contra los pobres... no representados por nadie.

Veamos. El asunto estriba en que el Gobierno Zapatero, con esa demagogia que le caracteriza, prometió una subida del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 600 euros brutos mensuales. No era mucho, pero era más que los 400 euros mensuales del Partido Popular, que subía los salarios al 2% anual, o inflación prevista, que, naturalmente, nunca se cumplía. Para que nuestros lectores hispanos comparen, en Madrid, es difícil encontrar un menú, para una persona, por menos de 9-10 euros, y es difícil encontrar un apartamento por debajo de los 500 euros de alquiler al mes. Sí, el mes en Madrid, creo que como en todos lados, tiene 30 días. O sea, salarios como para formar una familia y tener hijos.

Sólo que el PSOE no sabía que iba a ganar las elecciones, por lo que, nada más vencer en los comicios, especificó que la subida del salario mínimo hasta los 600 euros sería progresiva. En otras palabras, que sólo se llegaría a los 600 euros en 2008, al final de la legislatura. Pero, ya saben, menos da una piedra y más daño hace.

Sin embargo, la cosa se pone peor. Ahora resulta que el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, plantea la revisión salarial automática del magro SMI, por si acaso la inflación se dispara: ¿Podía permitirse? La patronal CEOE amenaza con romper el diálogo social y el vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes, tan servil a la hora de proteger al hombre más rico de España, Emilio Botín, de la justicia, se revuelve contra Caldera y afirma que es una locura aplicar la cláusula de revisión, la misma que se aplica en casi todos los convenios y a todos los pensionistas (8 millones de votos). Esto, según Solbes, puede despendolar la economía española. Y Joaquín Almunia, comisario de Economía de la Unión Europea, y pieza clave del Felipismo enrocado en el Zapaterismo, le apoya con entusiasmo. Y es que los socialistas se nos han vuelto más ortodoxos en la economía que los gobernadores de los bancos centrales. Es decir, que han dejado de ser socialistas: Ahora, lo que importa no son las rentas de los pobres, sino la estabilidad de las cuentas públicas. Es decir, que han cambiado las rentas por las cuentas y a los ciudadanos por el presupuesto público. Y quien les lleve la contraria es que no entiende nada de economía: Do you understand?

Imaginemos que la inflación se dispara en España hasta el 3%. Eso significaría que los 200.000 españoles que cobran el salario mínimo recibirían una paga extra de 50 euros brutos, con lo que, sin duda, podrían comprarse un yate, un chalet en Marbella y un par de chucherías más. Como el pitorreo provocado el miércoles 12 por el ministro de Industria, José Montilla, cuando habló de que los trabajadores de SMI llegarán a cobrar 600 euros mensuales, 90.000 de las antiguas pesetas (sic). Ministro, o le falló la calculadora o le falló el subconsciente: 600 euros son 100.000 de las antiguas pesetas, no 90.000.

Así que, la CEOE está preocupadísima, porque la indexación del SMI tendrá efectos sobre el resto de las categorías salariales, produciendo un desplazamiento al alza que será independiente de la de la situación económica, lo que también se traducirá en pérdida de empleos.

Es sabido que lo que más preocupa a los empresarios es la pérdida de empleo, y que, por eso, se ven obligados a seguir pagando sueldos de miseria, para mantener el empleo... y para aumentar el beneficio. Pero en algo tienen razón los patronos: subir el SMI significa subir las retribuciones de todas las rentas bajas, en un país como España, donde las diferencias entre salarios son las más vergonzosas de toda la Unión Europea (al menos, de los 15 países miembros). Sólo que eso, en contra de lo que afirma don José María Cuevas, no es algo malo : es algo bonísimo.

Hemos cerrado un año récord en beneficios empresariales. Las empresas cotizadas cierran 2004 con un crecimiento del excedente por encima del 20%, pero todos sus presidentes, así como los ministros del Gobierno socialista, están convencidos de que subir 30 euros al mes (5.000 de las antiguas pesetas, 4.000 según Montilla) a los perceptores del salario mínimo podrían desequilibrar (¡Qué horror!) la economía española.

En el entretanto, los sindicatos se mantienen firmes en su postura, pero afirman que comprenden las necesidades del Gobierno, lo que presagia que van a ceder en la renovación automática del SMI, es decir, en los malvados 30 euros por cabeza (paga extra al año). A fin de cuentas, la subida pervertiría a los asalariados menos pudientes (les podría dar por fumar o darse a la bebida, por ejemplo : les pagamos una miseria pero es por su propio bien). Es natural, los sindicatos no se alimentan de trabajadores de salario mínimo, sino de funcionarios de salario modesto pero trabajo seguro y de empleados de grandes empresas, que cobran buenos salarios, trabajan menos que los de las pymes y cobran más. Los trabajadores de salario mínimo no son su público.

Veamos, el problema es que, aunque sean 200.000 los trabajadores del SMI, se aproximan a los 1,5 millones los españoles que cobran salarios próximo al salario mínimo. Esos son los sueldos que teme la patronal pueden dispararse al alza lo que no dicen es que sería bonísimo que se dispararan al alza. No piensen sólo en camareros, dependientes y porteros de fincas, piensen también en todos aquellos jóvenes titulados universitarios, en su primer lustro de vida laboral, donde cobran salarios mínimos y con contratos temporales, aunque su cargo esté compuesto por varias palabras: luego nos quejamos de que los jóvenes no se independizan, no se casan y no tienen hijos. ¿Cómo pueden hacerlo, si les castigamos con salarios de supervivencia y nula seguridad en su permanencia en el puesto de trabajo?

Pero es que hay más. Si entramos en el servicio doméstico, nos topamos con la economía sumergida, que también se indicia al salario mínimo. Si el SMI se colocara en términos moralmente aceptables, el servicio doméstico no cobraría salarios de hambre. Y naturalmente, la integración de inmigrantes sería más adecuada. La justicia social del siglo XXI no se puede basar en las subvenciones públicas, sino en los salarios dignos. Los empresarios harían mejor en solicitar rebaja de cuotas sociales, de impuestos laborales, y no contención de salarios. Vivimos una época horrible en la que las ganancias de productividad se deben a la contención de costes laborales. Es decir, que se trabaja más por menos y se acentúan las diferencias sociales. Si eso se combina con la especulación rampante que imponen los mercados financieros (somos tan necios que hasta nuestras pensiones futuras las hemos fiado a tan inestables y especulativos mercados), el estallido tendrá que llegar antes que después.

Por otra parte, no puede haber globalización sin homologación salarial, de la misma forma que una moneda común no forjará la Unión Europea: la forjará unos salarios y unos impuestos similares.

Eulogio Lopez