En definitiva, lo que se acaba de decretar en la capital de España, saludado como un gran avance progresista tanto por la prensa conservadora-pepera, como el ABC, como por la prensa progre-socialista, como El País, no es sino la libertad de la zorra para entrar en el gallinero: más proletarios y menos propietarios, justo lo contrario de lo que hay que hacer para crear empleo y de lo que exige la justicia social. De hecho, desde el Estado Servil, de Hilaire Belloc, y desde las enseñanzas de los distributistas (partidarios de la propiedad privada, pero convenientemente distribuida), especialmente de los hermanos Chesterton, sabemos que la batalla por la justicia no radica entre lo público y lo privado, sino entre lo grande y lo pequeño. El Estado, lo público, no es enemigo de la libertad por público, sino por grande: es la empresa más grande de todas, por lo general más grande que cualquier multinacional.
Mariano Rajoy basó su campaña electoral en el campo económico en la protección de autónomos y pymes, las estructuras habituales del pequeño comercio. ¡Pues vaya manera de protegerles, Mariano! Los pequeños -profesionales, comerciantes, autónomos-, son, en efecto, los trabajadores más eficientes y más competitivos, pero no pueden competir con una mano atada a la espalda. ¿Que los grandes crean más puestos de trabajo? Falso. Lo hacen a costa del empleo que se destruye en el pequeño comercio, que es de mucha más calidad. Y encima crean empleo precario, mal pagado, para trabajadores explotados, que se acogen a él porque no tiene otra cosa.
Mire usted, las grandes superficies juegan con ventaja frente a los pequeños por muchas razones. En primer lugar, por ser grandes, estructuras verticales con más acceso al crédito que constantemente expulsan del mercado a quienes son más eficientes que ellos pero tienen menos liquidez.
En segundo lugar, porque castigan a los proveedores, cosa que no pueden hacer los pequeños: si quieres vender en Carrefour, ya sabes las condiciones que te van a imponer. Y si no vendes en Carrefour, dada su posición de dominio, no vendes en sitio alguno.
En tercer lugar, porque todo el urbanismo actual, y eso es responsabilidad de los poderes públicos, está diseñado contra el pequeño comercio, con nuevos barrios donde se construyen inmuebles sin bajos comerciales.
En cuarto lugar porque el pequeño propietario no se explota a sí mismo, mientras que la gran superficie explota a reponedores y cajeros, con salarios de subsistencia, mínima posibilidad de promoción y nula recalificación profesional. La gran empresa se basa en trabajadores no cualificados.
En quinto lugar, la gran superficie reduce la calidad del producto y del servicio. Lo segundo se comprueba fácilmente porque en los hipermercados no hay dependientes que asesoren al consumidor. Son cargadores. El producto también sufre, especialmente el alimenticio, porque el hiper no juega a calidad, sino a precio. No se compra carne, pescado u hortalizas de calidad en el hiper: eso exige tiempo y dedicación. Y ese esfuerzo es más propio del propietario, que se juega su patrimonio cada día, que del proletario mal pagado.
En sexto lugar, el pequeño comerciante sufre mayor esfuerzo fiscal que el grande, pague o no impuesto sobre actividades económicas. Del impuesto de sociedades mejor no hablar. El PP promete que los pequeños pagarán menos impuestos sobre el beneficio que los grandes, pero sabe que no es lo mismo el 25% de 100 que el 25% de 1.000. Y en cualquier caso, cojan ustedes la memoria de cualquier gran conglomerado de cualquier sector, especialmente del financiero, y descubrirán que el impuesto de sociedades que abona jamás es el que marca la ley, jamás alcanza el 33%, por la sencilla razón de que el juego de desgravaciones juega a favor del grande y en contra del pequeño.
Internet estaba consiguiendo fragmentar la gran empresa, especialmente las empresas informativas, donde un pequeño diario, por ejemplo Hispanidad, puede competir con los grandes multimedia, porque en la Red emitir es barato. Pues ahora pretenden fastidiarnos con un flujo contrario: obligando a la empresa familiar, al pequeño comerciante, a jornadas laborales interminables que, naturalmente, no puede asumir.
En resumen, la medida de la Comunidad de Madrid, vendida como liberal, es radicalmente antiliberal y radicalmente anticristiana, porque perjudica al débil y beneficia al fuerte. Si a esto le unen la supresión de fiestas o su movidón por las hojas del calendario, que es lo que pretende la CEOE (protectora de los grandes, no de los pequeños) la conclusión surge sin necesidad de argumentos: todo está montado para beneficiar al hiper y perjudicar al comerciante del barrio.
Y toda esta perversión del liberalismo recuerda la frase de Gilbert Chesterton: "Sí, continúo creyendo en el liberalismo, pero añoro a aquellos días rosados en que también creía en los liberales". Señora Aguirre: esto no es liberalizar: se llama esclavizar.
Eulogio López
eulogio@hispanidad.com
