La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, compareció en la Comisión de Trabajo del Congreso para presentar las principales líneas de actuación de Trabajo para esta XV Legislatura.

Y anunció su medida estrella: los trabajadores de medianas y grandes empresas participarán obligatoriamente en la gestión de las mismas. Díaz ya propuso en su día el desarrollo legal de la participación de los representantes de los trabajadores en los consejos de administración y órganos de toma de decisiones de las empresas, y así ampliaba su propuesta. 

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Pero la burbuja de Yoli la han explotado PP, Vox, Junts y PNV. La ministra no levanta cabeza, su declive comenzó con las pasadas elecciones gallegas del 18 de febrero de este año, que dejaron a Díaz sin representación en su tierra natal y en las últimas elecciones generales (celebradas el 23 de julio de 2023), Sumar obtuvo peor resultado que cualquiera de los logrados por Podemos. Los sondeos no auguran un mejor futuro para Yolanda, sigue con su sangría de votos, después de su ruptura con Podemos. Y en las últimas elecciones vascas, sólo consiguió conservar un representante de los 6 que obtuvieron los morados hace cuatro años. 

A todo esto hay que sumar que la situación con su socios de Gobierno no parece idílica precisamente -lo mismo que la de las ya excomponentes de 'A festa dos callos', germen de Sumar-. Cada vez más orillados, los ministros del cupo de Sumar acusan un claro descenso de protagonismo y sus ideas son más ocurrencias que leyes.

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Y este último varapalo es una muestra más. La Comisión de Trabajo del Congreso ha rechazado la proposición no de ley de Sumar, apoyada por el PSOE, para incluir a trabajadores, sus representantes y las organizaciones sindicales en los consejos de administración de empresas y grupos empresariales.

Estos cuatro partidos han sumado 19 votos frente a los 17 apoyos de PSOE, Sumar, ERC y Bildu y la abstención de Coalición Canaria, que tiene el voto del Grupo Mixto en la Comisión.

Pero Yoli no desiste y en su plan normativo de 2024 se incluye la previsión de elaborar una ley con tal objetivo. Y por ahí ha excusado Junts su voto negativo: "Nosotros esperamos, como grupo parlamentario, tener la oportunidad de poder tratarlo con el Gobierno paralelamente al diálogo social que entendemos que se debe producir".

Sumar ha defendido su propuesta enfatizando que las organizaciones sindicales son "imprescindibles" y una "parte fundamental" para las decisiones estratégicas de las empresas, por lo que su presencia en los consejos supondría una "ventaja competitiva" para España.