El secretario general del PSOE, José Blanco se ha hace eco de la tolerancia cero con la inmigración ilegal anunciada la semana por la vicepresidenta del Gobierno, Mª Teresa Fernández de la Vega. En declaraciones a El País, Blanco señala que la mayoría de los 800.000 ilegales calculados por el gobierno deberán de ser expulsados porque no existe capacidad en el mercado de trabajo para absorber semejante cantidad.
¿Qué sugiere? ¿Qué los 800.000 ilegales no están trabajando? Por supuesto que están trabajando, pero en la economía sumergida. La misma de donde fueron descartados los 580.000 regularizados. Pero el Gobierno teme que el pequeño bache anunciado por Solbes para 2007, les pille con el pie cambiado y la inmigración como tema único de la agenda.
Por otra parte, las declaraciones de Blanco resultan contradictorias con las realizadas hace menos de un mes por el también socialista Alfonso Perales en La Gaceta. Afirmaba Perales entonces que la economía española necesitaba más inmigración y que alcanzaríamos la cifra de 6 millones de inmigrantes en el 2010. Y es que como ya hemos informado- si nuestra economía quiere mantener el actual ritmo de crecimiento, necesita importar 400.000 inmigrantes anuales.
Y el Gobierno lo sabe. Lo que pasa es que ahora toca soltar el discurso anti-inmigración ilegal para tratar de ganarse el favor europeo que perdieron cuando se produjo la regularización masiva. Pero ese una cosa es el problema político y otro el económico. Y el Ejecutivo sabe que para seguir reportando crecimientos del 3,5% necesita más mano de obra inmigrante. Si Blanco se creyera de verdad su discurso ya habría endurecido las normas más allá de regresar las competencias de inmigración a Interior por la puerta de servicio. Pero no lo hace, porque obras son amores
