El presidente del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, está decidido a continuar su mandato y nombrar a los presidentes de tres de las cinco Salas del Tribunal Supremo. Los vocales más progresistas no se muestran de acuerdo con esta decisión porque, el actual CGPJ no representa a la mayoría parlamentaria.

Más claro, agua. La justicia en España está politizada y en consecuencia, su imparcialidad y su independencia, puestas, con razón y pruebas claras, en tela de juicio. Por si no bastase el nombramiento de la actual Fiscal General del Estado, la exministra Dolores Delgado, con su parcialidad manifiesta, la declaración de los vocales del CGPJ llamados progresistas no hace más que apoyar la anterior declaración. Y ello supone que si no es independiente, la justicia está secuestrada por los políticos y no hay separación de poderes.

¿Dónde pone en la Constitución que tengan que tener mayoría, o ser elegidos según la representación parlamentaria? ¿O de acuerdo con qué mayoría? No desde luego en el art. 122, que es el que determina las distintas propuestas al Rey, que es quien los nombra. ¿Y si el Rey no acepta alguno de los nombres que se le proponen? Doce elegidos y propuestos por los propios jueces y magistrados de todas las categorías. Los restantes ocho, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro a propuesta del Senado.

¿Por qué el legislador hace esa separación en la elección y específica los que deben ser propuestos y elegidos por los jueces (12) y los ocho por las Cámaras? ¡Ah es que la ley Orgánica del poder Judicial pone que los jueces eligen X y de esos X el Congreso y el Senado dan el plácet a 6 y 6! Hecha la ley, hecha la trampa. Eso permitió, con auténtica chulería, que nunca ha perdido el PSOE, decir al entonces Vicepresidente Alfonso Guerra aquello de: Hemos enterrado a Montesquieu.

El pasado lunes se abrió el año judicial y se volvió a hablar del bloqueo en la renovación pendiente del Consejo. Bien, dada las circunstancias, la Justicia qué es uno de los tres poderes del Estado tiene la oportunidad de recuperar su independencia; la que le otorga la Constitución. ¿Cómo? Aplicando la Constitución:

El Presidente del Consejo, que lo es del Supremo también, convoca elecciones a Jueces y Magistrados y eligen doce vocales para el Consejo, que proponen directamente al Rey para su nombramiento.

Al mismo tiempo, este poder instará al legislativo para que elija, a la mayor brevedad, los otros ocho que le corresponden. La misma petición puede hacer el Jefe del Estado.

Los progresistas piden proporcionalidad en esta elección, háganla como corresponde:

  • a 120 diputados le corresponden el (34%) = 2,74
  • a 91(PP + Navarra Suma) diputados le corresponden (26%) = 2,08

Es decir: dos vocales para el PSOE y dos vocales para el PP, propuestos por el Congreso. O tres y uno, eso lo pueden pactar.

  • A 113 senadores le corresponden el (42,64%) = 3,41
  • A 97 senadores le corresponden el (36,60%) = 2,92

Es decir: tres vocales para el PSOE y un vocal para el PP, propuestos por el Senado. O dos y dos, eso lo pueden pactar.

Lo justo es que se eligieran de los ocho, cinco PSOE y tres PP; aunque teniendo en cuenta que la elección es por cinco años, durante los cuales puede cambiar el Gobierno y mirando el interés de España, lo ideal sería cuatro y cuatro.

En definitiva, los doce propuestos por los Jueces y Magistrados deben ser sometidos directamente al Rey para su nombramiento, sin pasar por el legislativo. Hasta que no se haga esto -como pone en la Constitución, aplicándola literalmente -la Justicia en España no puede hablar de independencia, ni quejarse de su situación.