El destino quiso que el anuncio por parte del Gobierno castrista de una relativa liberalización del acceso a Internet para los cubanos de a pie coincidiese con la condena a prisión a un ciudadano por una protesta difundida a través de YouTube.
La historia movería a risa de no ser porque un hombre quedó injustamente privado de su libertad. Internet, YouTube, la mala suerte, la zoncera burocrática y la tonta solemnidad de los autoritarismos se conjugaron en la producción de esta tragicomedia caribeña.
Juan Carlos González Marcos, un cubano de 48 años, de profesión «vago» y a quien su familia y amigos llaman «Pánfilo», nunca imaginó que su afición a la bebida le jugaría tan mala pasada cuando un día de mayo se topó con la filmación de un documental sobre los raperos de su país. Pasado de copas, Pánfilo aprovechó la ocasión para gritar a cámara que en Cuba hay hambre -«¡tremenda hambre!»- y que «lo que hace falta es comida». Eso fue todo. Pero era sólo el comienzo de su vía crucis.
El vídeo apareció en YouTube y fue un boom. Cuatrocientas mil visitas, grupos de fans y hasta una colecta mundial para paliar el hambre del héroe.
No hubo autocrítica que valga. Y aunque Pánfilo se tomó el trabajo de grabar un nuevo y sobrio vídeo y también hacerlo colgar en YouTube -«no quiero tener problemas, no me meto en política, no cobré un centavo, no convoqué a nadie»-, no hubo caso. La Policía lo arrestó el 4 de agosto y el 12 del mismo mes fue juzgado a puertas cerradas. No podrá decirse que la Justicia cubana sea lenta. A Pánfilo le cayó como un rayo una condena a dos años de cárcel por el delito de «desvinculación laboral» -nuestra criolla vagancia- y por «peligrosidad social predelictiva» (sic). La semana pasada, un tribunal de apelación ratificó la condena, por lo cual el desdichado ya se encuentra alojado en el penal Toledo 2, en los suburbios de La Habana.
Este caso revela algunas delicias, poco conocidas, del Código Penal castrista. Al culpable pueden caerle de 1 a 4 años de prisión. Pero si el mensaje antisocialista es emitido por medios de difusión masiva, la pena va de 7 a 15 años.
Por otra parte, el Código Penal cubano penaliza hasta la intención. Son indicios de peligrosidad predelictiva «la embriaguez habitual; la narcomanía, la vagancia habitual; la conducta antisocial (mediante) actos de violencia, o frases, o gestos (que) ponga en peligro las reglas de convivencia socialistas» (art.77).
De paso por Buenos Aires para presentar un informe sobre los blogueros cubanos, Carlos Lauría, coordinador para las Américas del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), ONG basada en Nueva York, señala un hecho positivo en el contexto del perfecto monopolio estatal de prensa que reina en la isla: «El surgimiento de una comunidad de blogueros conformada por gente de entre 20 y 40 años que en general no pertenece a la disidencia política, pero que a través de lo que cuenta sobre la vida cotidiana deja expuestas, a veces con ironía, las falencias del sistema».
Claudia Peiró
cpeiro@fibertel.com.ar
