Como son buenos, en el primer caso no se cargan la objeción de conciencia del personal sanitario pero exigen que, si no quieren participar en el asesinato deben comunicarlo por escrito y alegar razones morales. Es decir, que no pueden alegar razones científicas o médicas, a pesar de que, por ejemplo el que suscribe, pensaría lo mismo sobre el aborto aunque abjurase de mi fe. Espero que los médicos más reconocidos, sean o no ginecólogos, se apresuren a dar testimonios ofreciéndose a figurar en estas nuevas listas negras.
De esta forma, el Zapatismo podrá crear las famosas listas negras de médicos y enfermeras que se niegan a matar niños, listas muy útiles a la hora de ascender en la sanidad, pública o privada. Esta táctica le vino de maravilla al abortero José Sócrates, primer ministro de Portugal.
La segunda parte del acuerdo es igualmente vomitivo (adjetivo escrito en honor de Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid): el Estado pagará (18 euros por dosis, probablemente más de un millón de pastillas vendidas al año, más el subidón experimentado desde la última) la Píldora del Día Después (PDD) para poder abortar niños cómodamente, especialmente a menores. Es decir, que la broma nos podría salir por 19 millones de euros. Y ahí ya sin tapujos, se carga el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos.
Es decir, que con nuestro dinero pagaremos a los sinvergüenzas italianos de Chiesi y a los igualmente sinvergüenzas alemanes de Bayer, fabricantes de la Norlevo y la Postinor. De paso, pondremos a copular a todos los adolescentes de cabeza hueca (no, no todos, sólo casi todos), en un proceso formativo de altura, mientras las adolescentas especialmente guarras se meterán en el cuerpo unas bombas hormonales que les dejarán el body como nuevo, es decir, como viejo. Pero eso no forma parte de las prestaciones públicas sino de los desastres privados.
Eulogio López
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