El Reino Unido ha advertido a España para que deje el, en su opinión, hostigamiento que la Guardia Civil ejerce sobre las aguas de Gibraltar.
Como es sabido, el Tratado de Utrech, que rige las relaciones angloespañolas en lo que al peñón se refiere, estipula claramente que las aguas circundantes a Gibraltar son de soberanía española y no británica, excepto las del Puerto. Es curioso que gibraltareños e ingleses declaren que están dispuestos a dirimir estas diferencias en el Tribunal Europeo de Justicia, sobre la base de la Ley del Mar que invoca que todo territorio tendrá como mínimo entre 3 y 12 millas de aguas jurisdiccionales propias, algo a lo que España no está dispuesta a permitir, y con razón. Puestos a ser legalistas, habría que preguntarle a Londres qué sucede con la aplicación de las resoluciones 1514 (XV); 2231 (XXI) y 2353 (XXII) de la Asamblea General de Naciones Unidas en lo que a la soberanía de Gibraltar se refiere.
El Gobierno socialista ha optado por un discurso blando con Londres y Gibraltar para suavizar las tirantes relaciones entre las partes, llegando incluso a considerar como tal al peñón.
Si el Gobierno cede ahora con las aguas jurisdiccionales, no sabremos cuál será el siguiente paso en los desplantes llanitos. Ahora no es el tiempo de la zanahoria.
Diego Contreras Espina
