La ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, y su colega de interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, dejaron boquiabiertos ayer a todos los grupos parlamentarios y a la prensa presente en el Congreso de los Diputados. Hasta cuatro partidos, no sólo el PP, pidieron la dimisión de quien es conocida como Mandatela por la huelga salvaje de los trabajadores de tierra de Iberia que colapsó el aeropuerto del Prat y provocó un caos aeroportuario en cadena en toda España, además de poner en peligros 30 aviones que sobrevolaban el Prat en el momento de la invasión en las pistas.
Las comparecencias en el Congreso ya venían precedidas por las declaraciones del histórico líder de UGT y del socialismo catalán, Josep María Alvarez, en las que amenazaba a Iberia si sancionaba a los trabajadores que provocaron el caos.
Pues bien, Magdalena Álvarez no realizó ninguna autocrítica y, además, anunció un expediente contra la compañía. Iberia, en el entretanto, se muerde la lengua porque ninguna aerolínea puede permitirse el lujo de enfrentarse al regulador del tráfico aéreo, que sencillamente puede enviarle a la quiebra si así lo quiere. Según Álvarez, ni su Gobierno, ni la empresa pública Aeropuertos Españoles, de ella dependiente, tienen nada que ver en el asunto. Por el contrario, la privada Iberia puede ser sancionada con 4,5 millones de euros por una falta muy grave contra la seguridad aérea.
Si la medida Álvarez sienta doctrina, la próxima vez que los trabajadores de Panrico corten una carretera por poner un ejemplo- la culpa del desaguisado la tendrá Panrico.
Por cierto que, durante la misma comparecencia, Álvarez negó que hubiese riesgos de seguridad.
Pero aún mejor fue la intervención de su compañero Pérez Rubalcaba. Según el responsable de Interior, en el Prat, el día de autos, había policía nacional y guardia civil suficientes para haber desalojado las pistas de huelguistas. Ahora bien con 400 personas airadas y excitadas las consecuencias de una intervención policial podrían haber sido nefastas. Es decir que, según el responsable del orden público, las fuerzas del orden no están para imponer el orden sino para otra cosa.
