Tres años más tarde, el presidente firmaba la nueva Ley del aborto. Esta incoherencia política pone de manifiesto que los intereses ideológicos se anteponen a la vida y la salud de las mujeres y sus hijos. Con la reforma de la Ley se pretende ofrecer más garantías y mayor protección jurídica a las mujeres. Pero ¿preocupan realmente la vida y la salud de las mujeres que deciden abortar?
En el marco de esta nueva Ley, que contempla el aborto libre dentro de las primeras 14 semanas de gestación, la consellera de Salut, Marina Geli, anunciaba hace unos días que, a partir del próximo mes de julio, en algunos centros de atención primaria (CAP) se comenzará a dispensar la píldora abortiva RU-486 a mujeres que quieran abortar y se encuentren dentro de las siete semanas de embarazo.
Con esta medida, el uso de la RU-486, restringido hasta ahora al ámbito hospitalario por las complicaciones que pueden aparecer, pasa a ser un acto de ambulatorio, que la mujer realiza en la intimidad de su casa, sin vigilancia médica directa, lo que supone un riesgo para la salud y la vida de la mujer ya que, alrededor del 5% de casos, se requerirá un procedimiento quirúrgico para detener una hemorragia abundante, o cuando falla la píldora abortiva, para completar el aborto, o interrumpir el embarazo. Dada la privacidad del acto, existe también el riesgo de que muchos de estos abortos queden en el anonimato sin ser contabilizados en las estadísticas.
Si España necesita niños, ¿no es una incongruencia promover una medida antinatalista como el aborto libre que, por otra parte, no garantiza la salud física y mental de la mujer?
Comissió de Bioètica del Partit Família i Vida
