La reciente entrada en vigor de la ley abortista, que sustituye a la anterior de despenalización del aborto, supone un cambio fundamental en la misión del médico que queda pervertida en sus compromisos deontológicos con la sociedad.
Esta ley viene a introducir lo que podríamos considerar un nuevo delito; se trata del delito de "lesa maternidad," penado con la muerte. Este delito es imputado a la persona durante la fase de gestación de su vida cuando se considera que su nacimiento pueda dañar la calidad de vida o los intereses de la progenitora, ya sea por venir en un momento inadecuado por no haber sido planificado o por venir con alguna anomalía, discapacidad o enfermedad, detectada antes del parto a través de los programas de cribados de anomalías congénitas implementados como controles aduaneros de calidad tanto por la administración sanitaria como por alguna sociedad "científica".
La ley, diseñada por el ideológico ministerio de la igualdad y al margen del ministerio de sanidad y la ética médica, establece que deben serlos licenciados en medicina los que apliquen la pena de muerte a esos seres humanos cuando sus progenitores les imputen ese delito de lesa maternidad, siendo así convertidos en verdugos. La indicación de esos abortos nunca es médica sino política, ideológica o social y sin embargo se pretende que sea un médico quien cause la muerte mediante una "interrupción" del embarazo en lugar de un funcionario del ministerio de igualdad o de justicia adiestrados al efecto.
Esto supone una violación de la deontología médica que establece que: "el médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente ni siquiera ante la solicitud expresa de este" (art 27.3) y que :"al ser humano embriofetal hay que tratarlo con las mismas directrices éticas que se aplican a cualquier otro paciente" (art24.1). Sorprende que un ministro de Sanidad coopere, sin oposición, a dañar la salud pública apoyando políticas antideontológicas.
Cuando al ser humano embriofetal, sometido a cribado y diagnosticado antes de su nacimiento de alguna enfermedad, lo ejecutamos valiéndonos del poder que nos concede una ley, también se viola la deontología médica: "El médico tiene el deber de intentar la curación o mejoría del paciente siempre que sea posible. Y cuando ya no lo sea, permanece su obligación de aplicar las medidas adecuadas para conseguir el bienestar del enfermo" (art.27.1).
Por tanto, esto viene a crear una nueva categoría de técnicos que distingue al verdadero profesional médico que cumple con su vocación y obligación deontológica del mero licenciado en medicina dispuesto a violar la deontología profesional asumiendo voluntariamente el papel de cooperador necesario en la intención de un agente principal, bien como policía, bien como juez, o bien como verdugo, y las tres cosas a la vez. Cuando además esto se hace por dinero, este "licenciado para matar" queda transformado en un mercenario de la antimedicina al servicio del capitalismo mercantil del abortismo industrial representado por la patronal abortista ACAI.
Para evitar esta corrupción de la profesión médica sería bueno para toda la sociedad que los médicos continuasen ocupándose de curar; y para ejecutar la Ley el Estado debe crear un cuerpo de técnicos abortistas, al margen de la profesión médica y sanitaria, que satisficiesen una demanda de una parte de la sociedad que desea tener el poder legal -mal llamado derecho- para decidir matar a los hijos antes de nacer.
Esteban Rodríguez Martín
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