Es decir, primer capítulo del culebrón: la Generalitat se contradice a sí misma, o más bien los políticos contradicen a los técnicos. La cosa acaba, cómo no, en los tribunales... que también condenan la adjudicación a Acciona. Así que, una de dos: o la Generalitat abre de nuevo el concurso o se lo quita a Acciona y lo otorga a Aguas de Barcelona.
Sólo que el gobierno Mas se niega a cumplir las sentencias. Se reclama la ejecución y así llegamos al momento presente, en el que el conseller del ramo, Santi Vila, anda a tortas con Mas-Culell, responsable de Economía. Aquel asegura que hay que obedecer a los tribunales y éste que, si lo hiciera, las cuentas se le descuadran. Es más, según la nueva normativa contable, sencillamente no se puede pagar lo cobrado o, si se pudiera, sería igual: Bruselas podría abrir un expediente a la Generalitat por falsedad en su balances.
Y ojo, porque tanto Santi Vila como Andreu Mas-Culell podrían acabar en los tribunales
Artur Mas nunca ha querido meterse en este fregado, absorbido como está por la cuestión soberanista. Pero el caso es que dos consejeros del Gobierno autónomo catalán pueden acabar en los tribunales por desobediencia, por prevaricación o por ambas cosas a la vez. De hecho, bien podría suceder que fuera el Gobierno catalán, en pleno, el imputado.
Aquí están en juego dos cosas: la una menor: ¿quién se queda con un servicio básico para Barcelona como es el agua Segunda, y más importante aún que la primera: si los gobiernos no cumplen las resoluciones de los tribunales, ¿dónde se queda el Estado de Derecho
Eulogio López
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