En un arranque de derechos sociales el Gobierno social-podemita aprobó el Real Decreto 11/2020 del que habla la Plataforma, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19".

Una de las medidas fue la "Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional". Es más, el Real Decreto fue extendido y a día de hoy esta norma sigue en pie. Es decir, que si por ejemplo en la vivienda reside un menor o una persona con discapacidad, no se podrá proceder al desalojo, porque son considerados vulnerables. A lo que hay que sumar las complicaciones que trae el demostrar la vulnerabilidad de una persona, por lo que la situación que vemos una y otra vez es la siguiente: el juez ordena el desahucio, el inquiokupa alega vulnerabilidad, el juez inicia el plazo para que lo acredite, el inquiokupa no lo acredita, se archiva la pieza, y el proceso de desahucio se reanuda. Se marca nueva fecha, pero el inquiokupa vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad, y vuelta a empezar. Mientras tanto, los propietarios no reciben el dinero del alquiler y tienen que seguir pagando hipoteca, luz, gas, agua, comunidad y suministros. Sino, podrían ser acusados de acoso o coacción contra el okupa. 

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Pese a la injusticia que supone, no parece que el Gobierno vaya a dar marcha atrás con su decreto, por lo que los Gobiernos autonómicos, dentro de las competencias que tienen están empezando a tomar medidas. Es el caso de la Comunidad de Valencia quiere aprobar una serie de normas para luchar contra la okupación y dar seguridad jurídica a los propietarios, implicando a tres consejerías, las dos vicepresidencias y la de Justicia e Interior. 

Aunque el total de las medidas aún están por concretar, sí se ha podido conocer que el Gobierno de Carlos Mazón busca que se reconozca a los afectados por la okupación como "víctimas de delitos", permitiéndoles hacer uso de la red de Oficinas de Atención a las Víctimas de Delitos (OAVD), de las que hay 37 disponibles en la Comunidad. 

Allí podrán pedir ayuda a profesionales del Derecho y trabajadores sociales, una ayuda que será universal, pública, gratuita, integral, multidisciplinar, especializada e individualizada. La red de oficinas les ofrecerá varios servicios que se dividen en cuatro fases: primero información, dándoles a conocer sus derechos y explicándoles cómo sería la situación, se comenzara un procedimiento penal. Posteriormente, el acompañamiento, donde se realizará "cualquier diligencia judicial necesaria", incluida la solicitud de abogado de oficio. La tercera fase es la intervención y, por último, se verá qué servicios específicos requiere la víctima y se derivará a los servicios especializados. 

La directora general de Asistencia a las Víctimas de la Generalitat Valenciana, Belén Pulgar, ha asegurado que "La okupación es un delito y dado que la víctima está manifiestamente desprotegida e indefensa, en la Consejería de Justicia recordamos que el turno de oficio está a disposición para aquellas personas vulnerables que sufran una okupación y que necesiten una asistencia jurídica".

Y el vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Barrera, ha anunciado más medidas para defender "a los legítimos propietarios" frente a la ocupación ilegal de viviendas "con la ley en la mano". 

Asimismo, la Comunidad contará con un teléfono 24 horas para que los ciudadanos denuncien y hagan consultas. Y debemos recordar que en el programa electoral de los populares valencianos se contemplaba que en las principales capitales se crearían "brigadas anti okupación".