En las últimas semanas, la vicepresidenta cuarta y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha ido cabreando a todos con sus últimos proyectos (el fin de la sobrerretribución de CO2 a nucleares, hidráulicas y eólicas anteriores a 2005; la nueva tarifa de la luz con tramos horarios y el Fondo Nacional de Sostenibilidad del Sistema Eléctrico -FNSSE-). Pero ojo, porque la cosa no acaba ahí: en Europa están cabreados por permitir que China Three Gorges (CTG) compre megavatios de X-Elio y de los Masaveu… y ahora temen que puje por Eolia.

Vayamos por pasos para entenderlo todo mejor. Conviene recordar que CTG es una empresa eléctrica de propiedad estatal china que es el principal accionista de Energías de Portugal (EDP) al ser dueño del 19,03% del capital y que tras fracasar su OPA en la primavera de 2019, busca más oportunidades en España. Hasta entonces, sólo se había atrevido a entrar de forma indirecta a través de la filial de renovables de EDP (EDPR), pero en agosto del año pasado esto cambió: se lanzó a la compra de 500 megavatios (MW) en 13 plantas fotovoltaicas de X-Elio (compañía que es propiedad al 50% de dos fondos -el estadounidense KKR y el canadiense Brookfield- desde principios de 2019 cuando se la compraron a los hermanos Riberas) por unos 500 millones de euros. Debido a esta cifra de la operación y el blindaje de inversiones estratégicas adoptado en la ‘era Covid’, tenían que recibir el visto bueno del Consejo de Ministros… y llegó a finales del pasado diciembre.

CTG recibió el visto bueno del Consejo de Ministros para comprar 500 MW de T-Solar y la autorización en primera fase (por parte de la CNMC) de unos 403 MW eólicos 

CTG también entró en la puja por T-Solar, pero finalmente se llevó el gato al agua Cubico, un vehículo de inversión en renovables de los fondos canadienses PSP Investment y Ontario Teachers Pension Fund. Este último pagó los 1.500 millones que pedía el fondo estadounidense I-Squared, el cual controlaba T-Solar desde la disolución de Isolux Corsán.

Tras esta decepción, los chinos pusieron los ojos en los cerca de 350 MW de la antigua Borawind, que son propiedad de Céfiro, un vehículo participado por las familias Masaveu y Colruyt y Exus Management Partners, a los que sumó otros 53 MW de la familia asturiana. Una operación que ya ha sido autorizada por la CNMV por unos 500 millones y que ahora debe recibir el visto bueno de la autoridad española de inversiones extranjeras que depende del Ministerio de Economía.

No hay que olvidar la doble burbuja especulativa con renovables que hay en España: numerosas operaciones de compras y ventas que han atraído a fondos de inversión, a las que se suman salidas a bolsa

Y por si esto no bastara, teniendo en cuenta la doble burbuja especulativa con renovables que hay en España (con numerosas operaciones de compras y ventas que han atraído a fondos de inversión, a las que se suman salidas a bolsa), Europa teme que los chinos pongan sus ojos en Eolia. Esta compañía es propiedad del fondo canadiense Alberta Investment Management Company (Aimco) desde 2018, cuando la adquirió al fondo Oaktree y a Res Neco por 1.400 millones (incluyendo deuda). Ahora Aimco estudia vender Eolia por unos 2.000 millones, que tiene unos 860 MW de generación renovable.

No se puede olvidar que CTG abrió filial en España hace unos mes y que tras comprar renovables, ahora también quiere una comercializadora. Y como sigue avanzando en la conquista de la energía española, podría no conformarse y lanzarse después a por una jugosa parte o la totalidad de una compañía, como Iberdrola, Endesa o Naturgy, entre otras. Además, CTG sacará a bolsa su filial de renovables (CTG Renewables) en el parqué de Shanghái este mes. 

Es normal que en Europa estén cabreados con Ribera y más cuando Joe Biden ve su primer viaje europeo como una forma de reforzar las democracias ante China y Rusia. Una visita que incluye la cumbre de la OTAN. Y de postre, no hay que olvidar lo sucedido el pasado viernes, en el Consejo de Ministros de Energía de la UE, donde Ribera votó en contra de que la UE siga financiando proyectos de combustibles fósiles hasta 2030, algo que va muy en contra del gas natural, pese a que es esencial para la transición ecológica.