-El juez investiga irregularidades en la gestión de aguas de Gerona cuando Puigdemont era alcalde. -La Guardia Urbana actúa contra el procés ante la pasividad de Colau. -Rajoy da por desactivado el 1 de octubre pero no descarta aplicar el 155 si hay violencia. -La república catalana nacería con 180.000 millones de deuda. -Cataluña gasta en pensiones casi 4.700 millones más de lo que cotiza. -ETA se reserva un papel en el objetivo de la independencia. -China se lanza a por constructoras españolas para tomar Iberoamérica. -Los March venden residencias de estudiantes por casi 500 millones. -Inditex cerrará un lustro sin mejorar los márgenes de sus operaciones. -Endesa reclama ayudas si Nadal le prohíbe cerrar sus centrales de carbón. -Bosco Torremocha (Febe): "La venta de bebidas alcohólicas se ha frenado; es irracional atacar al turismo".     Hoy no empezamos por Cataluña. El País hace una entrevista mucho más interesante a Rebeca Bitrus, una cristiana que pasó dos años presa de Boko Haram: "Todos los días recuerdo que tuve un hijo con ellos". Fue rehén de la secta integrista-yihadosta nigeriana durante dos años. Los terroristas ahogaron a uno de sus hijos, la violaron y golpearon, pero ella resistió el cautiverio hasta una huida milagrosa. Ella no renegó nunca de su fe cristiana. Ayuda a la Iglesia Ncesitada la ha traído a España. (El País) Ahora sí: Cataluña. El juez del número 2 de Gerona, Manuel Marcelo, investiga la gestión del suministro de agua y alcantarillado de esta localidad catalana cuando Puigdemont era alcalde. En concreto por haber permitido, presuntamente, la continuación de irregularidades que se venían produciendo desde hace lustros. Las pesquisas se centran en empresas como Agissa y Girona SA. (El Mundo) (La Razón) Los pasos que está dando la Guardia Urbana de Barcelona al actuar contra la organización del referéndum del 1-O e identificar a cargos públicos que lo promocionan en la ciudad contrastan con la postura pública ambigua que mantiene sobre la consulta el gobierno municipal y la alcaldesa, Ada Colau. La mano tendida al soberanismo de Colau no ha evitado, sin embargo, que agentes de la policía municipal hayan protagonizado desde el martes pasado algunas de las actuaciones más llamativas -sólo superadas por la investigación de la Guardia Civil- contra la votación por la independencia suspendida por el Tribunal Constitucional. (El Mundo) Mariano Rajoy da por desactivado el referéndum de Carles Puigdemont. A 11 días del 1-O, el Gobierno tiene muy claro que la "consulta ya se ha frenado". "No tienen urnas, no tienen censo, no tienen papeletas y lo que es más importante, no pueden hacer un referéndum contra media Catalunya", indican fuentes de Moncloa. Esa calma se ha visto reforzada por el anuncio realizado ayer por el PSOE de que ya no se opone a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, el que permitiría suspender la autonomía de Catalunya, en caso de que sea necesario. Ayer no existía esa necesidad, pero en Moncloa no descartan que aparezca en los próximos días, sobre todo, si se producen episodios de violencia en el camino al 1-O. "No va a haber referéndum, pero se puede producir una algarada", indican las mismas fuentes gubernamentales. (La Vanguardia) (La Razón) Una hipotética república catalana nacería con un lastre mayúsculo que asfixiaría su economía y estrangularía sus exportaciones. Para empezar, según los datos que maneja el Gobierno, la independencia acarrearía una losa de 180.000 millones de euros de deuda, la que le corresponde sobre la española de acuerdo al peso de su economía. Las complicaciones se extienden a todos los sectores y en todos los ámbitos. Desde el fuerte encarecimiento de la energía y su traslado no sólo a las facturas domésticas sino a las empresas con producción en Cataluña hasta el desempleo, que se doblaría, a tenor de estos mismos cálculos. (La Razón) Cataluña gasta en pensiones casi 4.700 millones más de lo que cotiza. La independencia haría perder a la región más de 250.000 empleos, lo que afectaría de lleno a la caja de las pensiones y a su déficit. (ABC) Los restos de la banda terrorista ETA se encuentran en pleno debate interno del que saldrá el papel que la organización quiere adoptar cuando decrete su disolución definitiva. La dirección deja en el aire cuál será su "función" el día siguiente a su disolución, pero anticipa que tratará de facilitar la "acumulación de fuerzas" a favor del "proceso independentista popular" en el País Vasco. (El País) China se lanza a por constructoras españolas para tomar Iberoamérica. El gigante China State Construction Engineering analiza la compra del grupo de la familia Villar Mir. También sigue de cerca a Duro Felguera, tras descartar firmas como Isolux y Sacyr. (Expansión) (Cinco Días) El brazo inversor de la aseguradora francesa Axa y la gestora alemana CBRE Global Investment se han impuesto en la puja por el grupo de residencias de estudiantes Resa, propiedad hasta la fecha de Azora, Artá Capital –el fondo de capital privado de la familia March– y de Mutua Madrileña. Esta operación, una de las más esperadas por el sector este año, está valorada en unos 500 millones de euros. (El Economista) Inditex cerrará un lustro sin mejorar los márgenes de sus operaciones. En el inicio del año se esperaba una subida, pero la fortaleza de la divisa penaliza las estimaciones Se espera que este 2017 convierta en beneficio bruto 17,5 euros de cada 100 euros que ingrese. (El Economista) Endesa reclama ayudas si Nadal le prohíbe cerrar sus centrales de carbón. (Cinco Días) (El Economista) Bosco Torremocha (Febe): "La venta de bebidas alcohólicas se ha frenado; es irracional atacar al turismo". (El Economista) José Ángel Gutiérrez [email protected]