Al Gobierno de Pedro Sánchez le vale casi todo como cortina de humo ante los escándalos de corrupción socialista y familiar, la falta de mantenimiento de las infraestructuras (en especial, las ferroviarias, como ha sacado a la luz el accidente de Adamuz que ha dejado 46 muertos y la muerte de un maquinista en Gelida por la caída de un muro) y el hecho de no acometer la urgente inversión en redes eléctricas. Por eso, no duda en enfrentarse a Elon Musk ni a Donald Trump. Con este último lo hará ahora a través de la energía eólica marina… pero olvida el problema de la elevada profundidad de las aguas territoriales que tiene España.

Recuerden que a Trump no le gustan los molinos de viento, en especial, los que se levantan en el mar. Así se pudo ver hace unos meses, cuando vetó el proyecto Revolution Wind de Orsted, pero después un juez dio la razón a la energética danesa y mayor promotora mundial de eólica marina. Claro que también se vio el pasado 22 de diciembre, cuando la Administración Trump suspendió las obras de varios parques eólicos marinos de Orsted, el fondo GIP -que es parte de BlackRock-, Equinor, Dominion Energy e Iberdrola… alegando problemas de seguridad nacional porque podían interferir con las señales de radar. Las empresas y fondos afectados recurrieron a los tribunales… y estos les han dado la razón, por lo pueden reanudar las obras.

A esto se suma el contexto de burbuja, especulación y reflujo que se está viendo en las energías renovables con movimientos como el de Orsted: ha vendido su negocio terrestre en Europa (que incluye proyectos de eólica terrestre, solar y almacenamiento en baterías) para fortalecer su balance y reorientar su foco hacia la energía eólica marina en sus principales mercados europeos, donde prevé se licite una cantidad significativa de capacidad en los próximos años. De hecho, ya hay proyectos operativos y en construcción, sobre todo en Reino Unido y Alemania, y la eólica marina crecerá desde los 12.000 megavatios (MW) a los 60.000 MW, según la ‘Estrategia UE sobre las Energías Renovables Marinas de la Comisión Europea’.

El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) -que depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige la vicepresidenta tercera, la ‘climática’ Sara Aagesen- reconoce que en nuestro país apenas se ha desarrollado la eólica marina hasta el momento, dada la elevada profundidad de las aguas territoriales para proyectos con cimentación fija (algo que es inviable a partir de 50 metros de profundidad). El IDAE cree que España tiene potencial por la elevada potencia instalada de eólica terrestre (27.500 MW), sus empresas de fabricación de equipos eólicos (Siemens Gamesa -antes española y ahora alemana-, Windar o Navantia Seanergies (filial de la naviera pública Navantia), sus múltiples compañías energéticas en generación y su industria naval. Eso sí, considera que en nuestro país podría tener más cabida la eólica marina flotante, que se adapta mejor a las características de nuestra plataforma continental, claro que aún tiene un desarrollo muy incipiente: de las 27 soluciones flotantes identificadas en el mundo, siete son españolas.

En septiembre de 2024, al inaugurar el parque eólico marino de Saint Brieuc, en la Bretaña francesa, Ignacio S. Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, explicó que “la tecnología flotante es, hoy por hoy, complicada desde el punto de vista competitivo. Estamos trabajando en ella, pero su desarrollo es mucho más costoso que otras alternativas”. Es más, refirió que en nuestro país “el suelo marino es muy profundo. Estamos hablando de profundidades de hasta 1.000 metros, lo que obliga a recurrir a tecnología flotante, que hoy en día es considerablemente más cara y no está lo suficientemente desarrollada para ser competitiva en el corto plazo”. Y todo esto se refleja en que, a pesar de que la eléctrica anunció su primer proyecto eólico marino español en 2021 (el cual baraja ubicar en la costa gallega, la andaluza o la canaria), actualmente sólo trabaja en un proyecto piloto en Canarias. 

A Iberdrola, se suma el interés de otras empresas. Entre ellas: Ferrovial, que en 2023 solicitó autorizaciones preliminares para diversos proyectos próximos a las costas de Málaga, Girona, Pontevedra, Lugo o Gran Canaria; o Naturgy, que junto a la petrolera estatal noruega Equinor, lleva años explorando opciones en la costa canaria. Hasta el momento, se ven prototipos, proyectos piloto y plataformas de ensayo... pero poco más.

Ahora el Gobierno Sánchez busca atraer inversiones de hasta 20.000 millones de euros en eólica marina, aprovechando la hostilidad de Trump con dicha energía, pero será a paso lento. Por ello, el Ministerio que dirige la ‘climática’ Sara Aagesen, a través de la Secretaría de Estado de Energía que lidera el ‘climático’ Joan Groizard (quien antes fue director general del IDAE), ha lanza una consulta pública que servirá como base de la orden ministerial que controlará las primeras subastas, con la vista puesta en instalar entre 1.000 y 3.000 MW de eólica marina flotante hasta 2030. Entre otros aspectos, con dicha consulta al sector energético se quieren definir las zonas más propicias donde empezar con esta nueva energía y el tamaño de las instalaciones. El Departamento de Aagesen prevé que los primeros aerogeneradores flortantes ocuparán 5.000 kilómetros cuadrados de superficie (el 0,46% de las aguas territoriales españolas) y debería tener en cuenta que los Proyectos de Ordenación del Espacio Marítimo (POEM) ya preidentificaron zonas con alto potencial para la eólica marina flotante. Además, se necesitarán ayudas públicas para impulsar el desarrollo de la eólica marina flotante...