La caradura ‘verde’ de Teresa Ribera no tiene límites y sigue creciendo, en especial por todo lo relacionado con su modelo de transición ecológica. Hace unos años, prohibió el fracking (la fractura hidráulica, técnica para extraer petróleo y gas), insiste en cerrar las centrales nucleares, tiene paralizado un proyecto de mina de uranio en Retortillo (Salamanca), etc., pero al mismo tiempo ahora habla de las importancia de las materias primas críticas en un artículo que ha escrito para Cinco Días.

La vicepresidenta ecológica, que algunos denominan como una talibán verde y una política sandía (verde por fuera y roja por dentro), ya ha empezado a hacer su particular campaña a través de Twitter a favor de su jefe, Pedro Sánchez, tras el adelanto electoral al 23-J que ha decidido después del batacazo que se llevó el PSOE el 28-M. Y no pierde la ocasión de lanzar críticas a PP y a Vox, por supuesto. Ya saben que Ribera ha apostado por un modelo de transición ecológica erróneo, sin reparos a tirar lo viejo mientras llega lo nuevo, olvidando muchas en muchas ocasiones el sentido común. Se ha ganado las críticas de muchos tanto dentro y fuera del sector energético, entre ellos de Antonio Brufau y Josu Jon Imaz, presidente no ejecutivo y CEO de Repsol, respectivamente, que han advertido de que su modelo es un fracaso y debe repensarse porque “todo el énfasis se ha puesto en la sostenibilidad”, olvidando la seguridad de suministro y los precios asequibles. Es decir, se han fijado sólo en uno de los elementos del trilema energético, en lugar de en los tres. Aviso que también se aplica al modelo de la Unión Europea (UE).

Ribera no quiere fracking, de hecho lo prohibió en 2020. Sin embargo, tras la guerra en Ucrania, la UE quiso dejar de depender de Rusia en el suministro de gas natural, algo en lo que España tenía menos problema al tener diversificación de proveedores y varias plantas regasificadoras. En este contexto, ha habido un claro vencedor: EEUU ha sacado tajada al disparar los envíos de gas natural licuado (GNL), que cuesta más del doble que el gas procedente de gasoducto, y también ha aprovechado la crisis diplomática entre España y Argelia relegando al país africano a segundo proveedor.

A la vicepresidenta ecológica tampoco le gusta la energía nuclear, pese a que es barata, estable, asegura el suministro, genera electricidad sin emitir CO2 y muchos expertos la ven como el mejor complemento de las renovables a la hora de luchar contra el cambio climático. Por ello insiste en cerrar las nucleares españolas, pese al renacimiento que está energía está viviendo en todo el mundo, Europa incluida. Debería escuchar, entre otros, a Juan José Toharia, presidente de Metroscopia, que le avisado de que “los españoles están entendiendo que la transición energética a lo mejor requiere recurrir a la energía nuclear”. E incluso se ha podido ver también la caradura de Ignacio S. Galán, presidente ejecutivo de Iberdrola, ante el 23-J: ahora se ofrece a extender la vida útil de las nucleares, pese a que fue quien más presionó para cerrarlas.

Ribera refiere que “no podemos sustituir las vulnerabilidades que ha generado nuestra dependencia de las importaciones de combustibles fósiles de países terceros por otro punto débil, derivado, esta vez, de las materias primas minerales”, pero olvida que, en dicha dependencia, ella y el resto de la UE han contribuido al prohibir el 'fracking' y la exploración de hidrocarburos o de uranio

Ribera también tiene paralizado el proyecto de una mina de uranio en Retortillo (Salamanca) de la empresa Berkeley, que ha sido una de las que más ha celebrado el adelanto electoral al 23-J en su cotización. Sin embargo, en su artículo ha subrayado que la Hoja de Ruta de las Materias Primas minerales “sienta las bases para la modernización de una industria fundamental para nuestra economía, la extractiva, siempre considerando las máximas cautelas sociales y ambientales”. Tremendo, leer esto, porque desde que está en el Gobierno ha hecho muy poco -por no decir nada- para evitar el abandono de la minería ni tampoco para fomentarla. 

La vicepresidenta ecológica reconoce que las materias primas críticas son importantes en la transición, pero que “son muy pocos los enclaves donde se extraen y procesan”. De hecho, China controla el 80-85% de su tratamiento y su refino… y la mitad de la energía que usa para hacerlo procede del carbón, como recordó Brufau en la Junta de Accionistas de Repsol, advirtiendo que Europa debe hacer una transición ecológica defendiendo la neutralidad tecnológica y sus capacidades industriales, teniendo en cuenta el peligro de una nueva dependencia geoestratégica de China. Claro que Ribera se afana en referir que “no podemos sustituir las vulnerabilidades que ha generado nuestra dependencia de las importaciones de combustibles fósiles de países terceros por otro punto débil, derivado, esta vez, de las materias primas minerales”, olvidando que en dicha dependencia ella y el resto de la UE han contribuido al prohibir el fracking y la exploración de hidrocarburos en sus territorios.

Paralelamente, Ribera protege los huevos de tortuga pero no las fresas de Huelva. No ha tenido ningún reparo en justificar el boicot en Alemania de la asociación Campact para que se dejen de vender nuestras fresas y no se contribuya a desecar Doñana, y Pedro Sánchez lo ha usado para cargar contra el negacionismo. Interfresa, la patronal de la fresa, les ha pedido “responsabilidad”. La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) ha pedido la dimisión de Ribera por alentar dicho boicot, que considera otro “duro e injustificado ataque al sector agrario de nuestro país” desde el Gobierno, tras el de Yolanda Díaz y el que Alberto Garzón lanzó contra los ganaderos. “Resulta inaudito que desde el propio Gobierno de la Nación se esté continuamente lanzando mensajes en contra de un sector económico de vital importancia como es el sector agrario español. La primera obligación de un gobernante es estar al lado de los ciudadanos que representa y salvaguardar y defender sus intereses”, subraya Asaja e insta a Sánchez y al resto de ministros a no utilizar el sector “como arma arrojadiza en la confrontación política”.