Una vez más, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, da la batalla
Una vez más, el presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, da la batalla. De Sousa llegó a vetar el aborto hasta en cuatro ocasiones, aunque finalmente, el país luso entró de lleno en la cultura de la muerte, al aceptar en su legislación que la madre puede acabar libremente con la vida del no nacido hasta las 10 semanas de vida (tercer mes). Y a este supuesto se acogió el 96,4%. Mientras que el aborto eugenésico supuso el 3,3% del total.
Ahora, le toca a la educación y De Sousa ha vetado la ley que establecía las medidas que debían aplicar las escuelas para garantizar el derecho a la autodeterminación de la identidad de género de los estudiantes en las escuelas. El presidente cree que el proyecto "no respeta el papel de los padres". Igualito que en España donde, tenemos que insistir, la entonces ministra de Educación llegó a afirmar que los hijos no son de los padres, ergo es al Estado al que le corresponde su educación.
De vuelta a Portugal, decíamos que De Sousa vetó una ley con medidas para que las escuelas garanticen la autodeterminación de género de sus alumnos, como acciones formativas para la comunidad escolar o el nombramiento de un responsable para situaciones de disforia de género. La norma establecía además que las escuelas debían garantizar que los alumnos pudiesen acceder a aseos y vestuarios donde se sintiesen seguros en función de su género.
También devolvió al Parlamento la ley que eliminaba la obligación de que los nombres propios fuesen identificados con el sexo masculino o femenino porque "no garantiza un equilibrio" en el respeto a la libertad de las personas.
Además, el presidente criticó que la norma permita que, si una persona decide cambiar de género, pueda registrarlo de forma unilateral en documentos de matrimonio o de nacimiento de hijos, sin que la pareja sea avisada.
Tras el veto, asociaciones de padres y directores de escuelas han afirmado que esperan "ser escuchados en un futuro debate sobre el tema". Los textos habían sido impugnados por la Confederación Nacional de Asociaciones de Padres (Confap) y la asociación Nacional de Directores de Grupos y Escuelas Públicas (ANDAEP), según ha informado la agencia de noticias lusa.
