Proseguimos con nuestro 'Diario de la corrupción sanchista', en el que recopilamos la actualidad sobre la corrupción  -presunta o no presunta- de miembros del Gobierno de Pedro Sánchez, de su partido, el PSOE, y de su entorno familiar y personal. 

1.-Caso Begoña Gómez: el juez Juan Carlos Peinado (Titular del Juzgado de Instrucción nº41 de Madrid) dictó el pasado 13 de abril un auto de procesamiento para la esposa del presidente del Gobierno por cuatro delitos y la envía a un juicio ante un jurado popular: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado, malversación de caudales públicos y apropiación indebida. En el auto también procesa a su ayudante Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés. Los tres comparecieron ante el juez el pasado lunes 15 de junio y seguimos a la espera de la decisión del juez Peinado sobre qué medidas cautelares adopta para los tres encausados en la causa principal. 

Ahora bien: el juez Juan Carlos Peinado ha abierto este viernes una nueva pieza separada, después de recibir nueva documentación que le ha enviado la Fiscalía Europea.

En esta pieza separada dentro del mismo caso Begoña Gómez, el juez Peinado va a investigar si se produjeron presuntos delitos de prevaricación y de fraude a los intereses de la UE, por supuestas irregularidades en un contrato público recibido por el empresario Juan Carlos Barrabés.

En concreto, un informe de la UCO de la Guardia Civil localizó posibles irregularidades administrativas en dos contratos adjudicados por la empresa pública Red.es y financiados con 4 millones de euros de fondos europeos, a empresas del empresario Juan Carlos Barrabés. 

El ente judicial que estaba investigando las adjudicaciones con fondos de la UE hasta ahora era la Fiscalía Europea, la cual ha enviado las pesquisas a Peinado después de que la Audiencia Nacional estimase un recurso y decidiese el envío del procedimiento al Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. Es decir, que al juez Peinado le apoya la Fiscalía Europea, que investiga el uso de los fondos europeos. La Fiscalía de Madrid, por el contrario, ha actuado en todo el proceso como si fuera el abogado defensor de los acusados, algo totalmente inédito y anómalo.

El caso es que el titular del Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid le ha pedido ahora a la Fiscalía de Madrid un informe sobre la tipicidad de los hechos. Y cuidado con lo que dice, porque la Fiscalía Europea sí ve indicios de delito.

2.-Caso Plus Ultra-Zapatero-Venezuela: como recogió Hispanidad, el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero declaró ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y otros conectados (como la falsedad documental o la utilización de sociedades instrumentales para ocultar fondos). Y por un presunto delito fiscal y de contrabando debido al hallazgo en su despacho de joyas de alto valor -1,3 millones de euros, según la tasación- y cuyo origen “en estos momentos no está justificado”.

Al término de su declaración --en la que solo contestó al magistrado y a su abogado, pero no al fiscal ni a las acusaciones, lo cual es un gesto muy feo en alguien que siempre ha presumido de transparencia y buen talante--, el juez Calama no le retiró el pasaporte pero en un auto señaló que la declaración del expresidente del Gobierno "no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad" contra él. De hecho, de las joyas ni se dignó a hablar, lo que resulta altamente sospechoso. 

Hoy se han filtrado algunos audios de la declaración de Zapatero ante el juez. 

3.-Caso Koldo: dentro del caso Koldo, el Tribunal Supremo investiga la derivada de las mascarillas (una supuesta trama de comisiones a cambio de obras públicas y contratos de suministro de material médico), donde están siendo juzgados el empresario y comisionista Víctor de Aldama, Koldo García y su antiguo jefe José Luis Ábalos, por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. Esta causa la asumió el Supremo porque Ábalos era aforado como diputado cuando arrancó la investigación. Como recogió Hispanidad, ya se desarrolló la etapa del juicio oral. 

En este caso, también seguimos a la espera de la sentencia del Tribunal Supremo. Por lo que ha  trascendido, parece que hay unanimidad en las condenas a Ábalos y a Koldo: al exministro podrían caerle entre 10 y 14 años de prisión, de los que cumpliría efectivamente entre 6 y 9, frente a los 24 años solicitados por Anticorrupción. Mientras que para Koldo García, se baraja entre 8 y 11 años, de los que cumpliría en torno a 5 o 6, frente a los 19 y medio reclamados por la acusación pública. En el caso de Víctor de Aldama, el tribunal todavía no ha conseguido la unanimidad en el fallo que busca el presidente del Tribunal, Andrés Martínez Arrieta.

4.-Caso Leire Díez: el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga en el 'caso Leire Díez' una operación encubierta y de cloacas orquestada presuntamente por el ‘one’, Pedro Sánchez- para acabar con los jueces, fiscales y guardias civiles que investigaban a personas de su entorno, al PSOE o al Gobierno.

Esa operación, Sánchez se la encargó -presuntamente- a las cloacas del PSOE y consistía en buscar trapos sucios de esas personas (jueces, fiscales, guardias civiles...), para neutralizarlos profesionalmente. En esa trama de cloacas jugaron un papel destacado los imputados por el juez Pedraz, es decir, Santos Cerdán, Leire Díez, Gaspar Zarrías, Javier Pérez Dolset y la actual gerente del PSOE, Ana Fuentes. 

En este caso, ABC publica hoy que Gaspar Zarrías pagaba a Leire Díez la misma cantidad que le ingresaba el PSOE por supuesta consultoría.

En concreto, el último informe de la UCO recoge las nóminas que la consultora de Gaspar Zarrías pagó a Díez y los pagos que Ferraz hizo, a su vez, a Zaño Sociedad Consultora, SL. La cifra del salario bruto de la fontanera y los pagos del PSOE a la consultora, realizadas casi de forma simultánea, coinciden: 7.500 euros mensuales.