Publica El Mundo que T. L. M. son las siglas del electricista de ahora 45 años acusado de violar en reiteradas ocasiones a una niña de 12 en situación de vulnerabilidad, grabarla en vídeo y ofrecerla a otros adultos a través de la redes sociales y aplicaciones de citas para que la agredieran sexualmente y en grupo durante un año y medio, entre mayo de 2020 y octubre de 2021.

Cuando los Mossos d'Esquadra entraron en el piso de T. L. M. en el centro de Barcelona, encontraron hasta 232 fotografías de la menor, «no menos de 20 vídeos» de la niña «desnuda [...] siendo penetrada por él o por terceros en las diferentes posturas y encuadres que el procesado estimaba pertinente», y una ingente cantidad de material de pornografía infantil intercambiado con otros pederastas. Ahora, la Fiscalía pide hasta 107 años de cárcel para este individuo en un escrito de acusación conocido ayer y que desvela un caso excepcional hasta la fecha.

Ahora, ¡cuatro años después!, el departamento de la Generalitat ha abierto el expediente para conocer la actuación interna de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAiA) después de que un educador social denunciase de que la institución permitió que la víctima se fuese a vivir con un adulto. “Se escapó con un chico de 25 años cuando ella tenía 15 años [Ahora tiene 17]. La DGAiA lo aceptó. Ella iba al instituto y les pareció correcto, pero no ocurre habitualmente”, explicó el martes Daniel Segura, que estaba destinado en un centro en L’Hospitalet de Llobregat, donde vivía la niña. Eso sucedió después de que la madre, que no tenía la custodia, falleciera, según contó.

Casos como el de esta niña nos recuerdan a los ocurridos en Asturias, Baleares o Madrid.

En Asturias, donde asistimos a una muestra de la caradura del presidente Barbón, quien abogaba por la “tolerancia cero” ante los abusos a menores tuteladas... que su Gobierno tenía la obligación de proteger y no protegió. Mientras la consejera de Asuntos Sociales, definía como "cosas de la vida" la explotación sexual de niñas de entre 13 y 17 años, por parte de 12 detenidos. 

En Hispanidad hemos insistido en el caso de Baleares, donde la ahora presidenta del Congreso, la insigne Francina Armengol, al frente de un gobierno regional -compuesto por los socialistas de Baleares, Podemos y Més per Mallorca- que evitó que se investigará la red que explotaba sexualmente a niñas de entre 13 y 17 años a cambio de drogas, regalos o dinero, llegó incluso a ponerse como ejemplo de la lucha contra la explotación infantil ante la UE... ¡Acabáramos!

Y, en Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Política Social de la CAM, comparecía por un caso de las menores tuteladas prostituidas,  para concluir: no hay "caso" en Madrid porque la explotación de menores no se produjo dentro de los centros... ¡Vaya consuelo, señora Consejera! "La Comunidad ha cumplido con su obligación de protección, pero ha faltado la protección fuera". 

Otra vertiente, no menos destacable es la del educador que abusa sexualmente de su tutelada. Véase, el caso del exmarido de Mónica Oltra, recientemente procesada, por presuntamente encubrirle por agredir sexualmente a una niña, también tutelada, que estaba a su cargo. 

¿Cómo hemos llegado a estas situaciones, cuando el Estado, que debe proteger a estos menores, los deja tan desprotegidos? Recordemos que se trata de niños vulnerables, por sus desestructuración familiar, por sus adicciones, que el Gobierno, los Gobiernos de cada comunidad autónoma, tienen la obligación de proteger. Y, a la vista de estos casos, no lo están haciendo.