El problema, el de fondo, es que se van acercado dos eventos y no es cuestión de tirar la toalla antes de tiempo. El primero, la celebración de la Diada (11 de septiembre), que los nacionalistas quieren convertir, un año más, en una demostración de fuerza. Y el segundo, la fecha de la consulta (9 de noviembre), que sobrevuela como el único objetivo de la insípida legislatura de Artur Mas (que no pasará a la historia por el número de leyes aprobadas). Hasta el último ciudadano de las Alpujarradas ha pensado en eso del 'derecho a decidir'.
El 'pufo fiscal' de Jordi Pujol les ha hecho mucho daño, mientras aumenta el riesgo de escisiones en la coalición nacionalista (antaño moderada) y es consciente, por último, de que Rajoy está harto de ese 'viaje a ninguna parte' (lo reiteró el lunes, junto a Merkel) y que, por tanto, ya no hará ni concesiones económicas.
Pero, ojo, el Tribunal Constitucional es mucho tribunal de momento, a pesar de las frivolidades que diga Esquerra, y CiU lo sabe. Y si una convocatoria es ilegal e inconstitucional, no se puede hacer, aunque se disfrace como una 'encuesta popular no referendaria', que dice en su frágil dictamen el Consejo de Garantías Estatutarias. Sobre todo, cuando hasta el último ciudadano de las Alpujarras sabe que se trata de un 'referéndum independentista' y que el 'derecho a decidir' se puede convertir también en el 'derecho a saber' sobre Pujol, sobre el 'caso Mas', sobre la banca andorrana o sobre lo que ponga por delante.
Mariano Tomás
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