El kichnerismo consiste en el control del poder económico sin poner un euro. Ahora le toca el turno a Aerolíneas Argentinas: Marsans reducirá su participación hasta el 36% a cambio de inmunidad judicial. Kirchner haría otra de sus nacionalizaciones privadas, con el grupo argentino Roggio. Los españoles, naturalmente, serán los paganos. Por último, mediante una triquiñuela legal, Marsans se libraría del Juzgado 35 de Madrid. Otra componenda de Miguel Sebastián en el mundo empresarial. El presidente argentino pretende ampliar el sistema a otras empresa como Repsol YPF, y con variantes, ya lo aplicó en el caso Agbar
Si dos particulares, especialmente si son modestos, hicieran lo que a continuación vamos a contarles que intentan perpetrar los gobiernos español y argentino, acabarían en prisión o se convertirían en piezas de escándalo. Pero no son particulares, son políticos. Veamos:
La situación actual de Aerolíneas Argentinas (ARSA) es ésta: con el dinero de todos los españoles, y a lo largo de más de una década, el Estado se ha gastado cerca de 3.000 millones de dólares en reflotar la compañía de bandera argentina. En 2001, la SEPI le regala la compañía de bandera argentina al Grupo Marsans, propiedad de Gonzalo Pascual y Gerardo Díaz, además de regalarles 758 millones de dólares, posteriormente ampliados, de tal manera que la SEPI, es decir, el Estado español, aún tiene pendiente de abonar 300 millones de dólares.
Ahora bien, la igual que está haciendo con otras empresas lo ha hecho ya con Agbar y pretende hacerlo con Repsol YPF- Kirchner no es tan tonto como para nacionalizar, palabra a la que todo Occidente le tiene más pánico del que impone la lógica. Lo que le gustan son las nacionalizaciones privadas, es decir, que las empresa pasen, a ser posible de forma gratuita, a ser propiedad de empresarios particulares amigos de la Casa Rosada o bien susceptibles de ser manipulados por ella. Por ejemplo, en sectores regulados. Recuerden que Aerolíneas es un monopolio en el merado interno y que, además, directa o indirectamente, las tarifas las impone el Estado. En definitiva, durante los días previos a la visita de Kirchner a España, dentro de 12 día, se reunirán en Madrid, Gonzalo Pascual, por Marsans, actual propietario del 98% de Aerolíneas, y en el Juzgado número 35 de Madrid por presunto desvío de fondos públicos españoles destinados al reflotamiento de ARSA, Miguel Sebastián, asesor del presidente Zapatero, a quien éste ordenó negociar con Buenos Aires el futuro de ARSA, Enrique Martínez Robles, presidente de la SEPI, encargado de poner el dinero para sacar de la crisis a una empresa catatónica, y el todopoderoso jefe de Gabinete de Kirchner, Alberto Fernández. El plan consiste en que un grupo amigo de la Casa Rosada, el del grupo financiero argentino de Gabriel Roggio, se haga con el 49% de la empresa, mientras el Estado argentino se queda con el 5%. Los empleados, que se han opuesto una y otra vez a la gestión de Marsans, a quien acusan de vaciar la compañía, tendrían un 10%, mientras que Marsans reduciría su participación al 36%, a cambio de inmunidad judicial. Tengan en cuenta que el Gobierno argentino reduciría todas sus impugnaciones. Respecto al Juzgado 35 Madrid, tengan en cuenta que el envío de fondos fondos españoles- no se produce en territorio español. Sí, un triple salto mortal, pero es posible si todo el mundo se pone de acuerdo, que la juez acceda a dar carpetazo al asunto. A fin de cuentas, es el Estado el perjudicado, y es el Estado quien desistiría de reclamarle a Marsans cuentas sobre le empleo del dinero que le dio (en principio, 758 millones de dólares, más tarde ampliados)
¿Y la SEPI? Pues pagar, claro : los 300 millones de dólares hasta el momento congelados. Eso sí, a los argentinos les parece poco dinero : quieren más.
Esto es, al parecer, a lo que se refería el Presidente del Gobierno español, Rodríguez Zapatero, cuando en la Cumbre Iberoamericana de Salamanca, habló de encontrar una solución negociada. En efecto, una negociación a muchas bandas, donde todos ganan menos el tesoro público español, y donde las responsabilidades judiciales se entierran ante una razón más importante que ninguna: la cuenta de resultados.
En cualquier caso, si esto se cumple, el caso Aerolíneas va a marcar un hito dentro de esa nueva teoría económica y práctica política del Kirchnerismo : la nacionalización privada. Ha pasado el momento de que el Estado se quede con empresas: es mucho más moderno, e igualmente controlable, que las empresas se las quede un grupo empresarial privado, o bien afín al Gobierno, o mejor, al que el Gobierno pueda controlar. Por ejemplo, en sectores regulados, como el energético, las infraestructuras o la banca o el sistema concesional de emisoras de radio y TV (es decir los sectores clave). Kirchner no consiguió doblarle el pulso a Aguas de Barcelona (AGBAR) que prefirió abandonar la Argentina y acudir a los tribunales internacionales. En cualquier caso, se ha quedado con la inversión de la empresa, como si de una nacionalización se tratara. Lo mismo pretende con Repsol YPF introducir a un grupo argentino, Bulgheroni-, aunque lo de Repsol ya son palabras mayores. Es el kirchnerismo, o control de la propiedad privada sin poner un peso, un euro, un dólar. Control a distancia, que le dicen.
Pero Zapatero, en nombre del talante, está dispuesto a ceder. Y Marsans tan contento.
