Este jueves se ha llevado a cabo en el Congreso de los Diputados la reforma de la Ley de Costas que modifica la legislación de 1988, pero otorga seguridad jurídica tanto a propietarios como a las actividades económicas que se llevan a cabo en el litoral.
La nueva legislación mantiene las mismas distancias de protección costera y evita nuevas construcciones, pero no va a demoler aquellas que se hicieron antes de 1988 al amparo de una legislación que lo permitía, ya que, de hacerlo, tendrían que desaparecer más de 1.200 industrias y 25.000 viviendas ubicadas antes de 1988 en el litoral.
La vicepresidenta de la Comisión Europea, Vivianne Reding, manifestó al conocer el anteproyecto que "La nueva Ley de costas arroja seguridad jurídica a los europeos con propiedades inmobiliarias en el litoral español".
La nueva ley genera confianza y certidumbre para las ocupaciones y la actividad económica, ya que existen unas 23.000 ocupaciones no residenciales, muchas de ellas generadoras de un elevado volumen de empleo que se sentían amenazadas con las complicaciones y confusiones de la anterior legislación. 700 son ocupaciones industriales, más de 3.000 son chiringuitos, unos 1.700 restaurantes y 700 kioskos. Sólo en Andalucía suponen más de 40.000 empleos.
Los ecologistas se muestran en contra de la Reforma. Este mismo martes, varios activistas han escalado la fachada del Congreso para instalar una pancarta en la que rezaba "El PP vende nuestra costa". La ley diferencia las playas urbanas de las playas naturales, e incrementa la protección de esta últimas, e introduce elementos como la cláusula anti-Agarrobico (el hotel construido en Carboneras), que regula la suspensión por el Gobierno de las actuaciones urbanísticas ilegales en la costa para evitar situaciones irreversibles, como la del citado hotel.
Andrés Velázquez
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