En Hispanidad advertimos que Sánchez ha tomado el poder del Tribunal Constitucional: todas las decisiones que tome serán constitucionales, aunque no lo sean. La estrategia fue la siguiente: el Pleno extraordinario del CGPJ acordaba nombrar a César Tolosa y a María Luisa Segoviano magistrados del TC. A los que hay que unir los magistrados designados por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez, de tal manera que, de los cuatro nuevos magistrados, solo uno, Tolosa, es conservador.

De estos magistrados dependía la elección del nuevo presidente, que terminó siendo Conde-Pumpido. Para entendernos, Conde-Pumpido, progresista, ex fiscal general del Estado por la gracia de Zapatero y favorito de Sánchez, se enfrentaba a María Luisa Balaguer, feminista, progresista, constructivista y menos favorita de Sánchez. Y el voto decisivo lo tenía María Luisa Segoviano, feminista, progresista, que defiende el "enjuiciamiento con perspectiva de género" y dispuesta a estudiar la autodeterminación y que fue propuesta, junto a Juan Carlos Campo y Laura Díez, por Sánchez para el Tribunal Constitucional.

Teniendo claro este esquema se puede palpar la intriga sobre qué resolverán los magistrados en temas tan relevantes como el aborto, la eutanasia o la Ley Celáa.

Otro tema que está en la agenda del Tribunal Constitucional son los recursos de inconstitucionalidad presentados por PP y Ciudadanos contra el decreto-ley diseñado para incumplir que el 25% de las clases se impartan en castellano en las escuelas catalanas, por lo que los magistrados tendrán que deliberar sobre el decreto-ley de la Generalitat 6/2022.

Y como este Tribunal no está nada politizado, ya ha habido una magistrada que se ha visto obligada a abstenerse. Díez informó al presidente que no participará en la deliberación, y es que cuando formaba parte de un organismo asesor de la Generalitat avaló las normativas que ahora van a estudiarse. 

Díez formó parte del Consejo de Garantías Estatutarias de Cataluña y en su cargo emitió un dictamen del citado decreto-ley y otro respecto a la Ley de Cataluña 8/2022 donde avalaba la constitucionalidad de ambas normas asegurando que no vulneraban ni el artículo 3, "el castellano es la lengua española oficial del Estado y todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla", ni el 27, que recoge la libertad de enseñanza. 

A Díez no le quedaba otra que abstenerse, aunque este Gobierno siempre puede sorprenderte. Eso sí, los indepes socios de Sánchez pueden estar tranquilos, su mayoría progresista sigue teniendo el control. Además tienen a María Luisa Segoviano que ya dijo que estaba dispuesta a estudiar la autodeterminación.