Desde el momento en el que los nuevos magistrados, cuatro en total, tomen posesión de sus cargos, el Tribunal Constitucional tendrá mayoría progresista, con todo lo que eso implica… en año electoral y con los separatistas más envalentonados que nunca, exigiendo un referéndum de independencia durante 2023.

Vamos a la noticia. El Pleno extraordinario del CGPJ ha acordado este martes por la tarde, nombrar a César Tolosa y a María Luisa Segoviano magistrados del TC. La designación ha sido por unanimidad, tras la retirada del sector progresista de ‘su’ candidato, José Manuel Bandrés.

Pero no se engañen, porque María Luisa Segoviano, expresidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, que se jubiló en octubre, también es progresista, aunque ha sido propuesta por el sector conservador. A los nombramientos de Tolosa y Segoviano hay que unir los designados por el Gobierno, Juan Carlos Campo y Laura Díez, de tal manera que, de los cuatro nuevos magistrados, solo uno, Tolosa, es conservador.

Luego está la vacante tras la renuncia, en verano y por motivos de salud, del también conservador Alfredo Montoya, aunque su sustituto, que corresponde al bloque conservador, podría demorarse durante tiempo indefinido porque depende del Senado, de mayoría sanchista.

En resumen: Pedro Sánchez ya controla el TC, el tribunal de Garantías que, entre otras cosas, puede dictaminar que un referéndum de independencia es constitucional.

Sea como fuere, tras el acuerdo del CGPJ, Sánchez ya no tiene tanta prisa por modificar el sistema de mayorías para los nombramientos del TC, algo que rechazó el propio Tribunal la pasada semana. Pero que ya no sea tan urgente no significa que Sánchez no lo vaya a hacer. Eso es lo que ha dejado caer durante la rueda de prensa tras el último Consejo de Ministros del año, celebrado en la mañana de este martes, pocas horas antes del acuerdo del CGPJ. No lo duden: reformará el sistema de elección de los magistrados, no para impedir otro bloqueo, sino para poder afianzar su control sobre la justicia.

Menos mal que existe la separación de poderes y que la justicia española no está politizada.