Sr. Director:

Hemos de repetir nuevamente que el conjunto monumental del Valle de los Caídos no es propiedad del Estado, ni mucho menos del Gobierno español.

El legítimo propietario del Valle es la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, entidad creada en 1957 mediante un decreto-ley con el fin de gestionar y preservar el conjunto.

Aunque la última ley de Memoria Democrática contempla la disolución de la citada fundación, el proceso de liquidación no puede llevarse a cabo hasta que no se apruebe un real decreto que defina el nuevo régimen jurídico del Valle.

Por el momento se viene aplicando una medida transitoria: el consejo de administración del Patrimonio Nacional asume provisionalmente las funciones de representación y gestión, mantenimiento del recinto,  elaboración de inventarios  y  preparación del proceso de disolución de la fundación actual,  con una supervisión integral de los recursos económicos vinculados al Valle de los Caídos. La fundación original está compuesta por el Estado a través de Patrimonio Nacional,  y  por la comunidad de monjes benedictinos que mora en el lugar desde 1958. Hoy, Patrimonio Nacional depende del Ministerio de la Presidencia, regido por Félix Bolaños.

Entonces, ¿qué ocurre con la propia comunidad benedictina de monjes que habitan la Abadía? Ateniéndonos a la legislación actualmente vigente en España, para tomar cualquier decisión que incumba al Valle se ha de contar tanto con el Ministerio como con la Comunidad de los monjes benedictinos, puesto que las dos entidades son los dos patronos que conforman la Fundación. Patrimonio Nacional gestiona actualmente el complejo, pero son los benedictinos quienes se encargan del culto en la Basílica, de la dirección de la Escolanía y de la gestión de la hospedería. ¿Es necesario recordar que las fundaciones están obligadas a cumplir los fines para los que fueron creadas?

La autonomía jurídica de la  Abadía benedictina del Valle de los Caídos choca con el plan de resignificación que pretende llevar a cabo el actual Gobierno de España.

El proyecto de resignificación del que tenemos noticia hoy por hoy podría estar viciado de nulidad al excluir a la Comunidad Benedictina de la Abadía de la Santa Cruz, entidad que goza de personalidad jurídica propia y autonomía,  según el derecho internacional  y  el canónico. Ni siquiera el Arzobispo de Madrid tiene jurisdicción sobre una abadía exenta como la del Valle. La autoridad superior reside únicamente en el Papa.

Desde el punto de vista legal, la comunidad de monjes no puede ser tratada como un mero espectador. La normativa de referencia ha de tener en cuenta necesariamente lo que determina el actual Código de Derecho Canónico,  el decreto ley de 1957, la carta apostólica Stat Crux de 1958 y el convenio de ese mismo año. La administración y el uso religioso y espiritual del complejo corresponden a los benedictinos bajo la autoridad del Papa.

El ministro Bolaños se ha puesto nervioso y ha viajado a Roma para pedir la expulsión de los monjes del Valle. La Abadía es una entidad exenta, por lo cual el Arzobispado de Madrid carece de jurisdicción ordinaria y competencia administrativa sobre la misma. La autoridad directa sobre los monjes y la abadía recae en el Papa. Mons. José Cobo realiza el papel de facilitador del diálogo o interlocutor, pero carece de facultades para obligar a los monjes a marcharse del Valle. No consta que el Papa Francisco en su día, ni ahora el Papa León hayan delegado poderes especiales en Mons.Cobo para este asunto específico.

Hay otro aspecto que tampoco se ha tenido suficientemente en cuenta: el respeto a la libertad religiosa (Artículo 16 de la Constitución Española y Acuerdos entre el Estado Español y la Santa Sede).

Mons. Cobo ha insistido en que el proyecto de resignificación ha sido impulsado y diseñado únicamente por el Gobierno actual y que la intervención del propio cardenal arzobispo de Madrid busca evitar que la Iglesia quede excluída del debate,  puesto que la firmeza de la doctrina jurídica y el derecho vigente sugieren que cualquier modificación del Valle debe respetar la soberanía de los monjes en su Abadía y la custodia que la Santa Sede mantiene sobre la Basílica.

Estoy seguro que la Iglesia hará todo lo posible para que el Valle continúe siendo lo que es: un lugar de oración,  de celebraciones religiosas, la casa de los monjes benedictinos, el espacio donde se forman los chicos en la Escolanía,  además del importante papel que realiza la hospedería, etc. 

De lo que no estoy tan seguro es de que el actual Gobierno de España respete la dimensión religiosa del Valle de los Caídos.

Pido a Dios que el Valle siga siendo un lugar de paz, de libertad, de verdad, de concordia, de reconciliación, de oración, de fraternidad.

Con la intercesión de la Santísima Virgen María y de su esposo San José.