Se acerca septiembre y el curso político se reanuda, así, el Partido Popular ha registrado una proposición de Ley en el Congreso para frenar “okupación” en España, lacra que no para de crecer en el país con el consentimineto del Gobierno. 

La propuesta de los populares pasa, como ya anunció hace unos meses, por el desalojo inmediato de los okupas en 24 horas, además, contempla la incorporación del endurecimiento de las penas para los okupas, con penas de hasta tres años de cárcel, algo que, como informamos en Hispanidad, al Gobierno le parecía un "castigo desproporcionado"

Según el texto normativo, los okupas deberán abandonar el inmueble en un plazo máximo de 24 horas, siempre que no sean capaces de acreditar que tienen un contrato o título que demuestre que le está permitido estar en la vivienda, tras ser requeridos por las autoridades y tras la denuncia.

Sobre el aumento de penas, los populares proponen reformar el Código Penal: se prevén penas de uno a tres años de prisión para las personas que con violencia o intimidación okupen una cosa inmueble; y, por otro lado, de seis a dieciocho meses para las personas que okupen un inmueble sin la autorización debida y si se mantiene contra la voluntad de su titular. Las penas superiores en grado se implantarán si la okupación ilegal dura más de 15 días. También contempla que sean castigados con penas de prisión de tres meses a un año los que “promuevan la okupación sin justo título”, y la inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo de nueve a quince años si quien promueve la okupación es un funcionario público en el ejercicio de su competencia. Verás cuando lo vea Ada...

La propuesta del PP también conlleva la modificación de otras tres leyes: la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación puedan resolverse mediante el procedimiento del juicio rápido; la Ley de Enjuiciamiento Civil para que los propietarios de una vivienda que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento puedan agilizar el procedimiento para reclamar su recuperación; y, la Ley de Propiedad Horizontal para que, si el okupa desarrolla actividades prohibidas en los estatutos de la comunidad de vecinos, el presidente, previa autorización de la Junta, pueda iniciar acciones legales contra él y el juez podrá ordenar el lanzamiento inmediato y condenar al okupa a pagar daños y perjuicios, con el objetivo de desincentivar la okupación. 

Los populares también plantean una reforma tributaria para que al propietario, una vez haya resulución judicial, se le devuelva el IBI y el Impuesto sobre Patrimonio que haya abonado durant el periodo que su vivienda fue okupada, recordemos que actualemente el propietario está obligado a correr con los gastos de los okupas. Hace unos días les contábamos los casos de dos casa okupadas en las que los propietarios han tenido que pagar elevadas facturas derivadas de los gastos de luz o agua de los okupas, por ejemplo, los 2.000 euros que una familia ha tenido que abonar en agua porque los okupas han decidido disfrutar de la piscina. 

A nivel municipal, el texto contemple la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local para que la okupación ilegal “no pueda dar lugar a la inscripción de los okupas en el padrón municipal, ni obtener los beneficios que supone este trámite”, por lo que los municipios deberán actuar de oficio para dar de baja en el padrón a los ocupas, o en cuanto el propietario los denuncie.