"El citado Proyecto de Ley se reconoce el derecho a la suspensión temporal de los desahucios y de otros procesos de recuperación posesoria de la vivienda de hasta cuatro meses de ocupantes, con o sin título"
Hace unos días, informábamos de que el Parlamento Europeo solicitaba información al Gobierno sobre la situación 'okupa' en España, ante la situación de deriva de la 'okupación' ilegal de viviendas y falta de protección y seguridad por partes de las autoridades a los propietarios.
Esta noticia llegaba en plena tramitación de la nueva Ley de vivienda, el proyecto estrella del Gobierno social-podemita, que supone una burrada comunista que atenta contra la propiedad privada.
El apoyo de la imputada Colau e Iglesias, Comunistas de Salón de Lujo, a los okupas ha traído consecuencias.
— Víctor Sánchez Fortun (@Motard8559) April 26, 2022
Oigan.🤔🇪🇦 pic.twitter.com/zZ4RxerSwG
Y el pasado martes, Vox llevaba a debate en el Pleno del Congreso una reforma del Código Penal para que los agentes puedan desalojar a los “okupas” sin necesidad de una orden judicial. El portavoz del Comité Nacional de Vox, Jorge Buxadé, insistía en la necesidad de que se realice un “desalojo inmediato de los okupas” para no tener que ver “terribles imágenes todas las semanas”.
Vox sostiene que la actual regulación penal del delito de ocupación de inmuebles “no da respuesta suficiente a la inquietud creciente de la mayoría de los españoles ante la aparente impunidad con la que actúan algunos individuos y grupos organizados, quienes toman ilegítimamente para sí viviendas u otros inmuebles ajenos ante la incapacidad de nuestras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de actuar por causa de la falta de cobertura legal”.
La formación asegura que los los delitos de usurpación de viviendas durante los últimos años, han sufrido un “notable aumento”.
Además, piden un endurecimiento de las penas, y proponen penas de prisión de uno a tres años para quienes accedan ilegalmente a una vivienda, de dos a cuatro años si se trata de la vivienda habitual de los propietarios y condenas de cuatro a seis años para quienes lo hagan además con violencia o intimidación.
PSOE, Podemos y demás socios de Gobierno, se han opuesto a la proposición de ley argumentando que ve las medidas como un "castigo desproporcionado" para los okupas y que generarían «inseguridad jurídica» a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, según ha señalado la diputada del PSOE, Gemma Araujo.
La oposición de estas fuerzas políticas ha sido todo una sorpresa, puesto que, tras la okupación del chalet del alcalde de Junts per Caldes de Caldes de Malavella y su reacción hacha en mano, estábamos convencidos del apoyo a Vox en esta medida. Aunque ya se sabe en qué consiste la okupación para comunistas, socialistas e independentistas: que sí, que okupen todas las propiedas privadas... menos las suyas.
