El Congreso ha dado luz verde al primer paso para tramitar una ley que busca acelerar los desahucios y los desalojos de okupas en un plazo de 48 horas. La proposición parte de Junts y ha contado con el apoyo de PP, PNV, Coalición Canaria, Vox... y el PSOE.
Los de Pedro Sánchez se han visto obligados a votar junto a sus socios, aunque recuerdan que el allanamiento de morada ya es un delito, eso sí, aceptan que el ordenamiento jurídico es "susceptible de mejora". Un claro ejemplo de lo que se conoce como no mojarse ni en la ducha. A la izquierda de los socialistas, sus otros socios insisten en que se trata de un problema minoritario alimentado por discursos alarmistas, algo que el propio Sánchez aseguró no hace mucho.
Pero la realidad es que la okupación ha crecido este año un 7,4%, y ya hasta miembros del PSOE denuncian que la situación es límite.
Los de Puigdemont creen que se ha creado una "alarma ciudadana" que no se corresponde con la realidad, pero aseguran que la "extrema izquierda" y la "respuesta permisiva legal y judicial" han contribuido a hacer que las okupaciones crezcan. Para entendernos, Cataluña está a la cabeza en okupaciones en España, y el dato no deja de crecer, tenemos alcaldes como Xabier Albiol que se han posicionado a favor de los propietarios, y eso puede suponer una pérdida de votos, así que ya está Puchi desde Waterloo para salir al rescate.
Volviendo a la iniciativa, se plantea que los procedimientos para desalojar inmuebles okupados ilegalmente no están siendo "suficientemente eficaces ni suficientemente rápidos". Por ello, proponen reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal para ampliar las medidas cautelares en caso de denuncia y garantizar la recuperación de la vivienda en un máximo de 48 horas, "impidiendo dilaciones" cuando se alegue vulnerabilidad.
"La aplicación indiscriminada de esta protección se ha convertido en una herramienta que puede ser utilizada para dilatar injustificadamente los procesos".
"Hay que evitar que la protección de la vulnerabilidad recaiga sobre los titulares de inmuebles", ha recalcado en el debate parlamentario la diputada de Junts Marta Madrenas.
A la norma aún le queda mucho camino para que vea la luz y pueda aplicarse, es un buen primer paso, pero el texto recuerda mucho al propuesto por el PSOE hace unos años. Los de Junts sí que tienen en cuenta el cachondeo en el que se ha convertido la vulnerabilidad, aunque el Real Decreto 11/2020, que la protege, va a seguir vigente, al menos por ahora. Pero se habla de de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desalojar a los ocupantes ilegales en dos días. Pero si sólo se tienen en cuenta los casos de ‘allanamiento de morada y ocupación ilegal de bienes inmuebles’ se vuelve a obviar por completo a los 'inquiokupas', aquellos inquilinos alquilados que dejan de pagar la renta al propietario y se niegan a abandonar la vivienda. De acuerdo con los datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, los 'inquiokupas' representan el 70% de los casos.
