Hablábamos ayer martes del momento estelar del Consejo de Ministros, gran anuncio, lanzado por Sánchez: el fin de las 'golden visa' o supresión de la posibilidad de extranjeros de obtener la residencia a cambio de comprar un inmueble por valor de más de 500.000 euros. Una medida más populista que de efecto, puesto que sólo supusieron el 0,56 de las operaciones de compraventa de pisos en 2023.

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Para Sánchez este hecho supone acabar con privilegios y una medida de justicia social, por lo que la Plataforma de Afectados por la Ocupación ha aprovechado el momento y ha publicado este meme, que tiene bastante de cierto.

"Vulnerabilidad: tu Golden Visa para vivir gratis de inquiokupa a costa de otro ciudadano por Real Decreto 11/2020". En una sola frase la Plataforma resume a la perfección la situación por la que atraviesa España. 

Los 'inquiokupas' son aquellos inquilinos alquilados que dejan de pagar la renta al propietario y se niegan a abandonar la vivienda. De acuerdo con los datos de la Plataforma de Afectados por la Ocupación, los 'inquiokupas' representan el 70% de los casos.

La lógica llamaría a pensar que en estos casos debería funcionar el desahucio como en los casos en los que un okupa entra en una casa sin autorización: si no pagas, el inquilino debe abandonar la vivienda, y si se niega, la justicia debe actuar. Pero no.

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En un arranque de derechos sociales el Gobierno social-podemita aprobó el Real Decreto 11/2020 del que habla la Plataforma, "por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19".

Una de las medidas fue la "Suspensión del procedimiento de desahucio y de los lanzamientos para hogares vulnerables sin alternativa habitacional", es más, el Real Decreto fue extendido y a día de hoy esta norma sigue en pie. Es decir, que si por ejemplo en la vivienda reside un menor o una persona con discapacidad, no se podrá proceder al desalojo, porque son considerados vulnerables.

Además, es complicado identificar si son falsos vulnerables dentro del plazo de 48 horas de desahucio, por lo que la situación que vemos una y otra vez es la siguiente: el juez ordena el desahucio, el inquiokupa alega vulnerabilidad, por lo que el juez inicia el plazo para que lo acredite, el inquiokupa no lo acredita, por lo que se archiva la pieza, y el proceso de desahucio se reanuda, se marca nueva fecha, pero el inquiokupa vuelve a presentar un incidente de suspensión por vulnerabilidad, y vuelta a empezar. Mientras tanto, los propietarios no reciben el dinero del alquiler y tienen que seguir pagando hipoteca, luz, gas, agua, comunidad y suministros. Sino, podrían ser acusados de acoso o coacción contra el okupa. 

Supuestamente deberían ser los Servicios Sociales y las Administraciones Públicas las que se hicieran cargo de buscar una alternativa habitacional a estas personas, pero la realidad es que con esta medida cargan a los propietarios con la carga de proteger al supuesto vulnerable, lo que provoca que sean ellos los que acaben en situación de vulnerabilidad real.