Representantes de numerosas asociaciones de profesionales de la justicia españoles realizaron ayer un acto en el Parlamento europeo en defensa del Estado de Derecho en España, que consideran amenazado por la próxima aprobación de la ley de amnistía a los delincuentes (muchos de ellos políticos) del 'procés' independentista catalán.

Recordemos que la ley de amnistía es una exigencia de los políticos de ERC y Junts, en cuyas filas figuran los que dieron el golpe al estado español en 2017, al presidente del Gobierno Pedro Sánchez, para investirle presidente. Y Sánchez se la concedió, por supuesto, saltándose la palabra dada días antes de las elecciones del 23 de julio -“la amnistía es inconstitucional”, repitió como un mantra él y los suyos-, en un ejercicio de abyección política difícilmente superable para las generaciones de políticos venideras (es pura corrupción política: venderse a cualquier precio a cambio de votos). 

Todo esto es lo que denunciaron ayer, con otras palabras, los representantes de las asociaciones de juristas españoles (que agrupan a unos 20.000 profesionales de la justicia en España). Y por ello firmaron el 'Pacto de Profesionales en defensa del Estado de Derecho'. 

Estas asociaciones son: Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Foro Judicial Independiente (FJI), la Asociación de Abogados del Estado, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), el Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación Profesional de Letrados de la Administración de la Seguridad Social y la Asociación de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

En el acto intervino la eurodiputada de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, que es también vicepresidenta de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, quien señaló: “Hay una grave amenaza a la estabilidad del sistema constitucional, una amenaza populista, y uno de los diques de contención más importantes frente a todo ello han sido, desde el pasado mes de noviembre, los profesionales y servidores del Estado”.

Pagaza añadió: “Por eso, los artículos más importantes de los Tratados son los que se refieren a la defensa del Estado de Derecho y, para acceder a la UE, los capítulos más importantes que hay que cumplir se refieren específicamente a esta cuestión, a los elementos que hacen que no sea posible la corrupción institucionalizada o que el populismo se haga con un país y destruya los derechos civiles y la verdad, porque no olvidemos que sin verdad no hay democracia". 

De las palabras de la eurodiputada de Ciudadanos se infiere la preocupación de amnistiar, entre otros delitos, la malversación. Algo que difícilmente, el TJUE permitirá, aunque se disfrace con la coletilla de la ley que dice que solo es delito si los fondos se utilizaron para lucrarse personalmente. 

En este contexto, precisamente, el Tribunal de Cuentas dio ayer un plazo de diez días a la Fiscalía y a Sociedad Civil Catalana para que le hagan llegar sus informes sobre el presunto desvío de fondos para el referéndum ilegal del 1-O y la acción exterior del Gobierno autonómico en el que habrían incurrido los delincuentes del 'procés', entre ellos, Carles Puigdemont. Cabe recordar que que la Fiscalía reclama 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria a los 35 encausados (entre ellos Artur Mas); mientras que Sociedad Civil Catalana reclama 5 millones de euros a 11 excargos 'indepes'.