Rocío Monasterio y la Presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se han unido contra la okupación y esta semana la Asamblea de Madrid aprobará en el Pleno la Proposición de Ley de Defensa de la Integridad del Patrimonio Público de Vivienda propuesta por el grupo parlamentario de Vox, por la que los okupas no podrán acceder a comprar ni alquilar la vivienda que tienen okupada.

"Una de cada tres viviendas sociales en la Comunidad de Madrid se regalan a okupas. No podemos premiar al delincuente, sino defender la propiedad privada", ha sostenido Monasterio. Al parecer, de acuerdo con la Memoria de Cumplimiento de Objetivos de la Cuenta General de la Comunidad de Madrid del año 2020, el 34,3% de los nuevos contratos de arrendamiento realizados por la Agencia de la Vivienda Social en el año 2020 se correspondían con regularizaciones de ocupantes irregulares, y según ha apuntado Vox, los datos de los tres ejercicios anteriores (2017, 2018 y 2019) ofrecen datos similares o incluso superiores. 

"Estos datos reflejan que la ocupación irregular se ha convertido en una de las principales vías de acceso a la vivienda social en la Comunidad de Madrid mientras hay en lista de espera entre cuatro y cinco mil familias para acceder a una vivienda", señalan desde Vox.

Esto se consigue con amparo legal, por el artículo 17 de la Ley 18/2000 de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid, y el artículo 14 de la Ley 9/2015 de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid. La propuesta de Vox es derogar ambos artículos y que se fije que la "Comunidad de Madrid asegurará, defenderá y promoverá la integridad del patrimonio público de suelo y vivienda; y garantizará mecanismos justos, equitativos, públicos y eficaces de acceso de los madrileños al parque público de vivienda social".

Y esta no es la primera medida que el ejecutivo regional de Ayuso toma: ya planteó que el 'okupa' "tuviera que acreditar en 48 horas que tiene "un título" para estar en la vivienda. Además la CAM ya celebra 'juicios express' contra los 'okupas' y propuso que los okupas pudieran ser desalojados en 48 horas. También anunció que la Comunidad de Madrid considerará víctimas de delitos a los ciudadanos que sufran la okupación y activó el teléfono de atención contra la okupación, que en poco más de un mes ya había recibido más de 300 llamadas. La Comunidad también comunicó que no cobrará el agua a las víctimas y que les proporcionará una vivienda temporal. "Vamos a seguir desplegando una batería de medidas para ayudar a las víctimas de la okupación", aseguró Ayuso.