La Comisión Provincial de Policía Judicial de Madrid ha acordado que a partir del mes de mayo los juicios por delito leve de usurpación, es decir, las ocupaciones forzando la puerta, pero sin que haya violencia sobre sus propietarios, se celebren por la vía rápida, siempre y cuando los 'okupas' estén identificados.

De esta forma, la “okupación” de inmuebles que cumplan con los requisitos expuestos, se tramitarán de acuerdo con el artículo 964 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Será por tanto el juzgado de guardia correspondiente el que se encargará “de forma inmediata” de enjuiciar los delitos leves de usurpación, así, “cuando la Policía Judicial tenga noticia de un hecho que presente los caracteres de algún delito leve, formará de manera inmediata el correspondiente atestado, que remitirá sin dilación al juzgado de guardia”. Además, se detallarán “las diligencias practicadas, así como el ofrecimiento de acciones al ofendido o perjudicado”, tras lo cual el juez “acordará celebrar de forma inmediata el juicio si, estando identificado el denunciado, fuere posible citar a todas las personas que deban ser convocadas para que comparezcan mientras dure el servicio de guardia”.

Las 'okupaciones' no paran de crecer en España, la pasada semana era el Parlamento Europeo quien solicitaba información al Gobierno español sobre la situación 'okupa' en el país, y Vox pedía en el Parlamento español el endurecimiento de las penas para los 'okupas'. Ahora la Comunidad de Madrid actúa con esta nueva decisión y pone en marcha una oficina 'anti okupas' para agilizar la respuesta policial y judicial. Pero parece que el Gobierno no ve, o no quiere ver, el problema de inseguridad al que se enfrentan los españoles día tras día. 

Muchos de estos 'okupas', a la hora de ser desahuciados alegan "situación de vulneración social", lo que paraliza la ejecución del juez, ya que el Gobierno suspendió este tipo de desahucios durante el estado de alarma y ha prolongado la suspensión con su nuevo plan anticrisis. Y sin olvidar la nueva Ley de Vivienda que tramita el Ejecutivo social-podemita, que no es más que un ataque a la propiedad privada.