Sr. Director:

Si contara la biografía de un español cualquiera como se cuenta la historia de una nación, la narraría con la misma mezcla de orgullo, ostentación y deuda que ha definido a buena parte de España durante las últimas décadas. Imaginen que hace tres o cuatro décadas alguien decidiera comprar una casa, o mejor dicho, siguiendo la ideología de consumo que se ha instalado en el país:casa nueva, coche nuevo y nueva compañera o compañero, o «compañere»… Para lograrlo, se pedía un préstamo hipotecario, pongamos de 120.000 euros, pactando que durante los cinco primeros años solo se pagarían intereses, sin amortizar nada del capital. Además de la vivienda, no se escatimaba en gastos: coche de marca, viajes, fiestas… porque, como todo vecino responsable, no podía ser menos que el de enfrente. Pasados los cinco años, convencido de que debía mantener la vorágine de consumo, se renegociaba el préstamo para ampliar capital, adquirir una segunda residencia y prolongar el período en que solo se pagaban intereses, ahora durante diez años más. Quince años después de los fastos de 1992, la economía personal seguía siendo un desastre: sin amortizar capital, multiplicando coches, casas y compañeras, renegociando continuamente y acumulando una deuda que heredarán hijos, nietos y biznietos.

Si alguien piensa que esto es solo un ejemplo personal, basta con mirar a España en su conjunto: todas las administraciones, desde la aldea más pequeña hasta la administración central, han obrado exactamente así. Polideportivos, jacuzzis, autopistas gratuitas, aeropuertos vacíos, trenes de alta velocidad, 17 miniestados con parlamentos, gobiernos, funcionarios, asesores y enchufados. Un derroche crónico y estructural. Entre 1996 y 2007, el coste de la obra pública ineficaz y los sobrecostes superó los 150.000 millones de euros, con más del 70% de los proyectos presentando sobrecostes del 15% al 20%. En 2025, el despilfarro y la mala gestión continúan: se calcula que más del 20% del PIB español ha sido dilapidado en proyectos infrautilizados, fallidos o corruptos, incluyendo inversiones en cultura, deporte, ciencia, grandes eventos, hospitales y centros educativos. La deuda pública española supera ya los 2 billones de euros, impagable, estructural, imposible de amortizar; solo los intereses consumen buena parte de los ingresos del Estado.

Contexto histórico del despilfarro (1996–2025)

Período 1996–2007

Durante estos años, la política española combinó crecimiento económico rápido con planificación deficiente. Los datos disponibles indican:

  • Sobre el 20 % del PIB invertido en gastos improductivos o con sobrecostes no justificados.
  • Entre 1996 y 2007, más de 150.000 millones de euros en sobrecostes derivados de errores de planificación, corrupción y proyectos fallidos.
  • Obras emblemáticas con sobrecostes entre el 15 % y el 20 % respecto al presupuesto inicial: autopistas sin tráfico suficiente, aeropuertos sin vuelos, centros culturales vacíos, hospitales con equipamiento obsoleto.

Período 2008–2025

El impacto de la crisis financiera de 2008, la pandemia y la expansión del gasto público incrementaron aún más la deuda y el despilfarro:

  • Sobrecostes acumulados en infraestructuras y proyectos de inversión: cientos de miles de millones de euros adicionales.
  • Deuda pública: superior a 2 billones de euros en 2025, manteniendo un patrón de pago de intereses sin amortización de capital.
  • Continuidad de obras públicas innecesarias o fallidas, reforzando la narrativa del gasto como instrumento de clientelismo político.

La parálisis presupuestaria de 2023–2025

El Gobierno de Pedro Sánchez ha batido todos los récords históricos de inacción presupuestaria:

  • Desde 2023, no se ha presentado ningún proyecto de Presupuestos Generales del Estado.
  • Días acumulados sin presupuestos: 1.229, cuatro años completos de prórrogas encadenadas.
  • Comparación histórica: Felipe González en 1996 estuvo solo un año sin presupuestos y convocó elecciones; Mariano Rajoy prorrogó temporalmente en 2012, 2017 y 2018, pero Sánchez ha convertido la excepción en norma.

La falta de presentación de presupuestos ha generado consecuencias graves:

  1. Neutralización del control parlamentario (art. 66 CE).
  2. Desactualización de prioridades de gasto e ingresos.
  3. Fraude de ley estructural, al aplicar prórrogas sin rechazo previo del Congreso.
  4. Erosión del Estado de Derecho, con un Gobierno capaz de ejercer poder sin rendir cuentas.

En este contexto de caos financiero, emerge otra anomalía histórica: el Gobierno de Pedro Sánchezlleva cuatro años sin presentar Presupuestos Generales del Estado, desde 2023, pulverizando todos los récords históricos. Sánchez acumula 1.229 días sin presupuestos, más que cualquier otro presidente anterior: Felipe González en 1996 se quedó sin presupuestos durante un año y convocó elecciones; Rajoy tuvo prórrogas parciales; Zapatero ninguna; y desde 1977 hasta 2019, salvo esas excepciones, los presupuestos se aprobaron todos los años. Sánchez, siete años en Moncloa, ha aprobado solo tres presupuestos, y durante cuatro años ha estado con cuentas prorrogadas.

Implicaciones jurídicas: prevaricación por omisión

Manos Limpias ha denunciado recientemente, el 7 de octubre, ante el Tribunal Supremo a Pedro Sánchez y María Jesús Montero por presunta prevaricación administrativa por omisión:

  • Base legal: artículo 404 del Código Penal, aplicable a la inacción de la autoridad que, con conocimiento del deber legal, decide no actuar.
  • Fundamentos: incumplimiento reiterado del artículo 134.3 CE, concatenación de prórrogas encadenadas, sustracción de competencias al Parlamento.
  • Solicitudes de investigación: requerimientos a Intervención General de la Administración del Estado, Secretaría de Estado de Presupuestos, Congreso de los Diputados, testifical de responsables técnicos y peritajes económico-presupuestarios.

La denuncia subraya que esta estrategia política no es pasiva, sino deliberada y dolosa, diseñada para evitar la humillación parlamentaria y consolidar un modelo de gobernanza sin fiscalización.

La denuncia de Manos Limpias, presentada ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, acusa a Sánchez y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de prevaricación administrativa por omisión (art. 404 CP), por negarse deliberadamente a presentar los presupuestos, desnaturalizando la excepcionalidad de las prórrogas presupuestarias. La estrategia del Ejecutivo ha vaciado de contenido la soberanía del Parlamento, neutralizado el debate público y consolidado un modelo de poder sin control, sostenido sobre presupuestos obsoletos que no reflejan la realidad económica ni las prioridades sociales.

Los hechos son irrefutables: incumplimiento reiterado del artículo 134.3 de la Constitución Española, prórrogas encadenadas sin causa objetiva, fraude de ley, sustracción del control parlamentario, mantenimiento de prioridades de gasto e ingresos obsoletos, y decisión consciente de sostener la inactividad para evitar derrotas parlamentarias. Los fundamentos jurídicos son sólidos: el delito de prevaricación por omisión se aplica cuando la autoridad se abstiene deliberadamente de dictar una resolución debida; aquí, el acto debido es presentar el Proyecto de Ley de Presupuestos. La concatenación de prórrogas constituye una resolución material negativa que vulnera el Estado de Derecho y la interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), afecta a la función presupuestaria del Parlamento (art. 66 CE), al sometimiento pleno a la ley (art. 103 CE) y a la estabilidad presupuestaria (art. 135 CE).

Análisis crítico del modelo de despilfarro

Gasto público como instrumento político

La evidencia empírica indica que el gasto público se ha utilizado como herramienta de propaganda y clientelismo:

  • Inversiones faraónicas en aeropuertos, trenes y polideportivos.
  • Sobreutilización de infraestructuras autonómicas sin justificación funcional.
  • Fragmentación administrativa: 17 miniestados autonómicos, cada uno con parlamento y gobierno, multiplicando el gasto improductivo.

La deuda como hipoteca generacional

El patrón de sobreconsumo y endeudamiento refleja una deuda estructural imposible de amortizar, heredada de generación en generación:

  • Ciudadanos y Estado pagan intereses crecientes, pero no se reduce el capital.
  • La clase política disfruta de opulencia mientras la clase media se empobrece.

La ética de la impunidad

El despilfarro y la parálisis presupuestaria demuestran que la clase política ha institucionalizado la impunidad:

  • Se prioriza la supervivencia política sobre el respeto a la ley.
  • La excepción se convierte en norma, y la transparencia en retórica.
  • El sistema penal y fiscal no logra controlar la mala praxis, reforzando la desafección social.

España, entretanto, continúa acumulando despilfarro estructural: aeropuertos sin aviones, trenes de alta velocidad sin pasajeros, hospitales con medios subutilizados, centros culturales sobredimensionados y programas públicos que solo sirven para mantener redes clientelares. La deuda no solo es numérica: es social, ética y moral; hipoteca el presente y el futuro, y convierte al ciudadano corriente en un rehén del sistema.

La combinación de despilfarro crónico y presupuestos prorrogados indefinidamente ilustra un modelo de gobernanza que no busca eficiencia ni servicio público: busca perpetuación del poder, mantenimiento de privilegios, impunidad y manipulación mediática. Casa nueva, coche nuevo y nueva compañera, compañero, «compañere» no es solo un lema de consumo personal; es la metáfora perfecta de un país que ha llevado al extremo la irresponsabilidad económica y política.

La historia reciente demuestra que, mientras la izquierda gestiona con criterios de gasto ilimitado y prórroga presupuestaria perpetua, los límites institucionales han sido erosionados. Ni el Fiscal General del Estado, ni el Defensor del Pueblo, ni el Tribunal de Cuentas han detenido esta práctica. La democracia se vacía de contenido: el Parlamento no debate, no aprueba ni rechaza, solo se limita a constatar el despilfarro y la inactividad gubernamental.

El resultado final es un país con infraestructuras inútiles, deuda impagable, gasto clientelar y prevaricación administrativa, donde el modelo de consumo y deuda se ha institucionalizado, y donde los ciudadanos viven hipotecados por decisiones que no controlan, mientras los gobernantes actúan sin contrapesos ni consecuencias. España se ha convertido en un ensayo perpetuo de irresponsabilidad, incapacidad administrativa y corrupción estructural, donde la excepción —las prórrogas presupuestarias— se ha convertido en norma, y donde los ciudadanos, aun siendo conscientes de todo, solo pueden sufrir las consecuencias.

En suma, la España contemporánea es un espejo de hipotecas, ostentación, caos presupuestario, despilfarro estructural y prevaricación administrativa por omisión, un país que ha institucionalizado el incumplimiento y la inacción deliberada como forma de gobernanza, hipotecando el futuro de millones de personas en nombre de intereses políticos y clientelares. La única salida posible, dolorosa pero necesaria, sería un reinicio institucional y financiero, restauración del Estado de Derecho y verdadera separación de poderes, porque mientras Sánchez y su casta sigan al mando, el país seguirá siendo una concatenación de deuda, despilfarro y prevaricación sin límites.

Conclusiones

La historia reciente de España evidencia un patrón estructural de despilfarro, parálisis institucional y prevaricación política. Desde 1996 hasta 2025, las decisiones de gasto han reflejado:

  • Una lógica de consumo y ostentación similar a la de un ciudadano ficticio que compra casa y coche sin amortizar la deuda.
  • La transformación de la excepción presupuestaria en regla de gobierno.
  • La consolidación de un modelo político que ignora la Constitución, neutraliza el control parlamentario y perpetúa la deuda estructural.

España se enfrenta a un desafío económico y moral: la necesidad de reestructurar la gestión pública, recuperar el control presupuestario y garantizar que la función pública se ejecute con eficiencia, transparencia y respeto a la ley.