1) La tomadura de pelo permanente

En el asunto de los menores extranjeros no acompañados, los españoles llevan años siendo víctimas de una tomadura de pelo constante. La estrategia siempre es la misma: se nos bombardea con un discurso “solidario” cargado de chantaje emocional. Se repite hasta la saciedad que “algo habrá que hacer con esos pobrecitos” —sean adultos o menores—, como si cuestionar esa narrativa fuese un acto de insensibilidad o crueldad.

Pero, ¿acaso no está legitimada la gente para decidir a quién acoge en su casa, con quién establece amistad, a quién considera prójimo y a quién ayuda? La verdadera solidaridad es voluntaria, no impuesta a golpe de decreto ni de impuestos. El problema no es la ayuda individual —cada cual puede ofrecerla si lo desea—, sino la obligación colectiva de financiar con dinero público políticas dictadas desde arriba.

2) El gran ausente: el pueblo español

Nunca se ha preguntado a los españoles si quieren acoger a extranjeros, sean menores o adultos. Ni mediante referéndum, ni a través de mecanismos deliberativos. Nunca se han explicado loscostes económicos reales, ni los supuestos “beneficios” han sido evaluados con rigor.

Se han vendido como ventajas la “diversidad cultural” o el “rejuvenecimiento poblacional”, pero sin balances honestos sobre el precio que paga la sociedad en términos de convivencia, cohesión social y carga fiscal. El pueblo español, que paga impuestos religiosamente, ha sido tratado como un financiador pasivo de políticas dictadas desde arriba.

3) Relato humanitario vs. datos objetivos

El Gobierno insiste en que los MENA son «niños y niñas en riesgo» necesitados de solidaridad. Sin embargo, los datos oficiales lo contradicen:

  • El 60% proceden de Marruecos, un país seguro.
  • El 94% son varones adolescentes.
  • Solo un 30% acredita ser menor de edad tras las pruebas médicas.

La imagen de “niños indefensos” dista mucho de la realidad. Y, para colmo, la acogida masiva genera efecto llamada: los propios jóvenes transmiten por redes sociales que en España se vive mejor, algunos incluso alojados en hoteles de cuatro estrellas.

4) Costes y corrupción

El coste medio de tutelar a un MENA se sitúa en torno a 53.000 € por menor y año. En 2025, el Gobierno habilitó 100 millones € adicionales para financiar traslados entre comunidades autónomas.

A ello se suma un negocio paralelo floreciente:

  • ONG investigadas en Canarias por presuntos malos tratos.
  • El caso de la DGAIA en Cataluña, con más de 160 millones € desviados, sin que los responsables políticos hayan asumido consecuencias.

La acogida se ha convertido en un campo abonado para clientelismo, corrupción y chiringuitos ideológicos.

5) Hipocresía política y mediática

Los defensores más enérgicos de la acogida rara vez conviven con inmigración masiva en sus barrios. Ejemplos abundan:

  • Alfred Bosch (ERC), preguntado si acogería un menor, respondió que era “un asunto privado”.
  • Rubèn Wagensberg (ERC), impulsor de “papeles para todos”, estudió en una escuela concertada elitista, alejada de la realidad multicultural de los barrios obreros.
  • La Vanguardia editorializaba a favor de los traslados mientras sus responsables viven en entornos sin apenas inmigración.

El contraste entre el discurso moralista y la realidad social resulta insultante.

6) Seguridad, delincuencia y marginalidad

La falta de integración deriva en problemas de convivencia:

  • Al cumplir 18 años, muchos extutelados quedan en la calle sin recursos, lo que conduce a lapequeña delincuencia (hurtos, robos a pensionistas, trapicheos).
  • Cataluña concentra más del 40% de las okupaciones, protagonizadas sobre todo por jóvenes magrebíes, alentados por el clima político permisivo de Colau y Torra.

Mientras tanto, se silencia que ni asiáticos ni pakistaníes recurren a la okupación, lo que apunta a un patrón cultural concreto.

7) Marruecos como actor estratégico

El hecho de que la mayoría de los MENA sean marroquíes debería encender todas las alarmas. Marruecos ha convertido la inmigración en arma de presión híbrida para negociar con España en asuntos como Ceuta, Melilla, Canarias o la pesca. Pese a ello, Madrid mantiene una actitud sumisa frente a Rabat, tolerando un flujo constante de inmigración irregular que desborda recursos públicos.

Conclusión

El debate sobre los MENA no es humanitario, sino político, económico y social. España está obligada jurídicamente a tutelar a todo menor en su territorio, pero eso no puede servir de excusa para ocultar los costes y las consecuencias.

Se ha impuesto a los españoles una solidaridad obligatoria que no han votado, no han debatido y no han aprobado. La manipulación mediática y política convierte la ayuda voluntaria en un sistema forzoso de redistribución de recursos, donde las élites proclaman solidaridad mientras el ciudadano común paga la factura y soporta los problemas de convivencia.

En definitiva: la solidaridad real es libre. Todo lo demás es un insulto a la inteligencia de los españoles y un paso más hacia la pérdida de cohesión y soberanía nacional.

Bibliografía y referencias

  • Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2025): datos oficiales de procedencia y perfil de menores no acompañados.
  • La Vanguardia (2025): «El Gobierno empieza el traslado de menores en plena oleada de xenofobia», primera página, lunes 25 de agosto.
  • Ondarra, M. (2025): «Contra el dato, el relato», crónica en prensa nacional sobre discurso vs. estadísticas.
  • Informes sobre el caso DGAIA en Cataluña y corrupción en la gestión de MENA.
  • Encuestas del CIS, Eurobarómetro y Fundación BBVA sobre inmigración y percepción ciudadana.