Pero los españoles queremos saber lo que se ha hecho con nuestro dinero en el caso de los EREs falsosEl exdelegado de Empleo de la Junta en Sevilla Antonio Rivas se ha acogido este viernes a su derecho constitucional a no declarar ante la juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía.
Abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que, después de que la juez Mercedes Alaya le haya leído los hechos y delitos que le imputa, Antonio Rivas ha decidido acogerse a su derecho a no declarar.
Efectivamente, tiene derecho. Pero su silencio es altamente sospechoso. Los españoles queremos saber qué se ha hecho con nuestro dinero en uno de los mayores escándalos -si no el que más- de la historia democrática. Aquel en el que se produjeron graves deficiencias en la gestión de las ayudas a unos supuestos EREs, como prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas (12,3 millones de euros); subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa (73,8 millones de euros); o comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. (Entre 50 y 68 millones).
En este caso, solo nos queda confiar en la justicia...
Andrés Velázquez
andres@hispanidad.com
Abogados presentes en la comparecencia han informado a los periodistas de que, después de que la juez Mercedes Alaya le haya leído los hechos y delitos que le imputa, Antonio Rivas ha decidido acogerse a su derecho a no declarar.
Efectivamente, tiene derecho. Pero su silencio es altamente sospechoso. Los españoles queremos saber qué se ha hecho con nuestro dinero en uno de los mayores escándalos -si no el que más- de la historia democrática. Aquel en el que se produjeron graves deficiencias en la gestión de las ayudas a unos supuestos EREs, como prejubilaciones presuntamente fraudulentas, pagadas a personas que nunca habían trabajado en las empresas afectadas (12,3 millones de euros); subvenciones a empresas que no estaban presentando un ERE, incluso, a personas que no llegaron a crear ninguna empresa (73,8 millones de euros); o comisiones, muy por encima del valor de mercado, a intermediarios entre la Junta y los trabajadores: aseguradoras, consultoras, bufetes de abogados y sindicalistas. (Entre 50 y 68 millones).
En este caso, solo nos queda confiar en la justicia...
Andrés Velázquez
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