El Consejo de Ministros aprobó este viernes el Proyecto de Ley de Reforma Laboral que llevará al Congreso de los Diputados. Sin grandes novedades con respecto al anteproyecto.
El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, señaló que la reforma era necesaria para el sostenimiento del sistema de pensiones en un país en el que la población está cada vez más envejecida. Gómez explicó también que ese envejecimiento superaría al de otros países de Europa.
La OCDE iba más allá la semana pasada cuando indicaba que, en efecto, el gasto en pensiones supone un 9% del PIB y que hacia 2050 superaría el 15%. La reforma reduciría el gasto en pensiones en el equivalente al 3,5% del PIB, según la OCDE.
Este organismo también destacaba que antes de la reforma un trabajador que realizara su carrera completa se jubilaría con el 81,2% de su pensión. Sin embargo, tras la reforma, ese porcentaje se reduce al 73,9%.
Pese a que el texto aprobado en Consejo de Ministros amplía el período de cómputo de 15 a 25 años y prorroga la edad de jubilación hasta los 67, el Gobierno ha puesto siempre el acento en que los actuales pensionistas no verán alterada su remuneración mensual y que esta reforma empezará a surtir efecto a partir de 2027. Sin embargo, se trata de un derecho adquirido por los trabajadores en activo a los que se les cambian las normas a mitad del partido. En lugar de rejuvenecer la población, el Ejecutivo prefiere poner un parche que a largo plazo también tiene caducidad.
Rodrigo Martín
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