La tramitación del 'decretazo Blanco' ha sido de órdago. Se aprobó en Comisión de Fomento a puerta cerrada. El sábado 27, antes de Semana Santa, se remitió al Senado. El 6 de abril finalizó el período de enmiendas y el 7 de abril se debatió entre las 4,30 y las 5,45. Todo a velocidad de infarto. Los controladores reclaman a los senadores que antes del pleno del 14 en el que se tendrá que debatir el asunto.
El primer argumento es rechazar el estado de especial urgencia. El Gobierno ha tenido 6 años para resolver los problemas de escasez de plantilla y no han sido los controladores los que han boicoteado la creación de nuevas plazas. Tampoco es verdad que haya habido huelgas ni huelgas de celo. Ni tampoco que haya demoras preocupantes: se sitúan en España en la mitad que en Alemania.
La segunda línea argumental es que el decretazo Blanco viola los derechos de los trabajadores firmados en convenio y en el Estatuto de los Trabajadores. Por supuesto, también viola los convenios de la OIT. Un ejemplo: los controladores deben de estar al servicio de AENA las 24 horas del día. Si no responden en tiempo real pueden ser sancionados. El ideal de los ideales para aquello de la conciliación.
Por último, la seguridad. El decreto no sólo restringe los derechos de los controladores, sino que abre la puerta a la privatización de AENA. En el caso de las islas, el tráfico puede que ya no esté controlado por un profesional, sino por una máquina, con lo que supone de incremento del riesgo para el usuario.
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