El problema surge de las denegaciones y redundancias. De las 44.776 facturas presentadas, se han aprobado 44.000, es decir el 54%. El resto, o son denegadas (5.400) o bien no han recibido contestación todavía. Duermen el sueño de los justos.
Desde el ICO se endosa la responsabilidad en los ayuntamientos. No es que coloquen palos en las ruedas, es que ponen palos en las deudas, señalan. Es más de presión social que otra cosa, señala el presidente del ICO: Algunas, porque son facturas reiteradas. Puede ocurrir que el empresario le pase la factura a las tres entidades financieras con las que trabaja, explica Martínez. Pero lo más probable es que el ayuntamiento se haga el 'longuis'. ¿Por qué? Porque si la factura pasa de tenerla el empresario a tenerla el ICO, se ve más forzado a pagar. ¿Por qué? Porque si el ayuntamiento no paga a un empresario, el empresario no tiene forma de coacción. Pero si el ayuntamiento no paga al ICO, a partir del 30 de noviembre, el banco reclamará al ICO; pero a partir del 1 de enero el ICO cobrará a través de la Agencia Tributaria. O sea, que cobra. Y el problema es que muchos ayuntamientos están literalmente quebrados. No tienen ni un euro para las nóminas. Menos para las facturas pendientes de pago. Por eso la línea no termina de arrancar. Pues bien, en vez de solventar el problema de la financiación local, el Gobierno se dipone a inyectar otros 5.000 millones de euros en el segundo plan de inversión local. El mundo al revés.
