Como ya hemos informado, el juez Baltasar Garzón ha admitido a trámite la querella de Rafael Pérez Escolar contra Emilio Botín por la intervención de Banesto. Garzón ordenó a la Fiscalía de la Audiencia Nacional abrir diligencias por la utilización de fondos públicos en beneficio del Santander en un caso que podría cambiar toda la historia bancaria española.
Es de suponer que en un caso de esta importancia, la Fiscalía de la Audiencia consultará con el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, el mismo que decidió inhibirse en el caso de las cesiones de crédito, favoreciendo de esta forma a Emilio Botín.
Pero en el caso Banesto, la incompatibilidad moral del fiscal general del Estado es aún mayor. Su tío, del mismo nombre, fue el fiscal del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), es decir, del Banco de España en el juicio contra los gestores de Banesto, dirigidos por Mario Conde. En ese juicio se condenó a Pérez Escolar y, además, se certificó el buen hacer de Luis Ángel Rojo, entonces gobernador del Banco de España y máximo responsable de la intervención del banco y del empleo de dinero público en beneficio de don Emilio. Es más, casualidades del destino, Luis Ángel Rojo ha acabado como consejero del Santander. Y no se crean que la relación entre los dos Conde-Pumpido, tío y sobrino, es lejana. El tío Cándido ha sido el mentor profesional del Cándido sobrino. Ambos veranean juntos en la localidad gallega de Sanxenxo. Debió de ser entonces cuando don Cándido se enfadó con otro veraneante de la zona, Mariano Rajoy, al cual ha dedicado invectivas que nunca se había oído en boca de un fiscal general del Estado hacia el jefe de la oposición. No cabe duda de que el señor Botín está bien protegido.
En estas circunstancias, ¿no debería el fiscal general del Estado inhibirse?
