Por presiones del Gobierno Zapatero, que quiere un presidente de la patronal lo suficientemente débil como para firmar cualquier pacto social que le pongan por delante. Para ZP basta la foto del diálogo social con sindicatos y empresarios, el contenido es lo de menos. Y, naturalmente, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, dueños de Marsans, están dispuestos a ponérselo fácil con tal de ganar su favor tanto en los casos judiciales pendientes como con la banca acreedora.
Ahora bien, el hachazo de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) quien ha retirado a Marsans la licencia para vender billetes ha sido el golpe de gracia. Es cierto que cuatro aerolíneas españolas han acudido en su ayuda, permitiendo el truco de gestionar reservas aunque los billetes se compren directamente a las compañías. Gana menos Marsans, el cliente no se da cuenta y la rueda sigue. Pero se trata sólo de compañías españolas y, además, el efecto imagen es lo peor: descienden los clientes en Marsans de forma más que preocupante.
Así que ni las presiones de La Moncloa han conseguido detener a los bancos. Ojo, las entidades acreedoras ya habían aprobado un crédito de 40 millones de euros para que Marsans aguantara hasta la campaña de verano así como Rodrigo Rato le había perdonado la ejecución del crédito de 25 millones de euros con Caja Madrid. Pero no hay más. Emilio Botín, que dirige el sindicato, no está dispuesto a seguir más allá.
En el seno de la patronal también pintan bastos. La tormenta ha vuelto a estallar en la CEOE que este miércoles celebraba junta directiva. Muchos directores regionales han saltado opinando que es mejor que el presidente de la CEOE no esté en los papeles por los problemas de sus empresas. Una desautorización en toda regla. Es verdad que todavía cuenta con muchos apoyos. Pero también con muchos detractores.
Y encima, se reactiva el Caso Aerolíneas Argentinas (ARSA). Tras varias decisiones procesales, los directivos de la SEPI, que regalaron en tiempos de Aznar ARSA a Marsans, han sido llamados a declarar en el juzgado 35 de Madrid, donde se juzga a Ferrán y Pascual por desvío de fondos públicos, delito fiscal y estafa procesal. La Agencia Tributaria les acusa de haber defraudado más de 100 millones de euros. Además, el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la privatización de ARSA resultó demoledor.
Eulogio López
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