Les voy a contar una historia muy edificante. Clínica abortera Isadora, donde, como en el resto de mataderos, el coladero de la salud psíquica de la madre se mata a cualquier niño no nacido en cualquier momento. ¿Acaso no lo admite la ley?
El partido Alternativa Española (AES) les lleva a los tribunales, porque el aborto en España, paraíso mundial del feticidio, constituye un constante fraude de ley. A partir de ahí, toda la potente maquinaria del mercado de la muerte se pone en marcha, con sus terminales mediáticas a la cabeza (y en cabeza de todos el progresismo de izquierdas de la millonaria familia Polanco y el progresismo de derechas del millonario Pedro J. Ramírez). Primera idea-fuerza: el acusador, Alternativa Española, liderado por Rafael López Diéguez, es un partido de ultraderecha. Es mentira. AES es un partido católico. Partidos de ultraderecha son el Frente España Democracia Nacional o España 2000, obra de José Luis Roberto Navarro, a quien El País y los medios públicos tratan con exquisito mimo, que no en vano es el portavoz del movimiento por la legalización de la prostitución. Es decir, que es un ultra pero muy progresista.
En segundo lugar, el derecho a la intimidad, que es algo que sólo un Gobierno tan democrático como el de Rodríguez Zapatero se atrevería a violar.
Es decir, que si el juez llama a declarar -como testigos, ya veremos si más tarde como imputadas- a mujeres que han abortado en dicha clínica se estaría violando su intimidad. Espléndido argumento: por ejemplo, si a usted le inspecciona a Hacienda debe negarse a declarar, porque el pérfido inspector estaría entrando en su privacidad bancaria, la intimidad más sagrada de todas.
De hecho, todos los misiles del grupo PRISA, del grupo Mediapro, de los medios públicos, es decir, la flota mediática de ZP, así como el inefable Pedro José Ramírez, insisten en que eso no puede ser: una aberración, oiga usted. Ya se ha recurrido el auto del juez que sí está dispuesto a que hay acusación particular y no se archive el juicio, porque no será fiscal, no señor, quien acuse a unos doctores presuntos autores de delitos contra la vida. De hecho, la fiscalía, órgano jerárquico dependiente del Gobierno, no quiere acusar a Isadora.
Ocurre aquí lo mismito que con las cesiones de crédito de don Emilio Botín: en un presunto delito contra la Hacienda pública tanto la Fiscalía como el abogado del Estado, es decir, los defensores del damnificado, la Hacienda pública, renunciaron a acusar a don Emilio, que es mucho don Emilio.
Pero la hipocresía de los mercaderes de la muerte es inconmensurable. En Isadora ocurre justamente lo contrario de la famosa clínica del doctor Morín, iniciativa -loado sea su nombre- del mismo Rafael López Diéguez. Entonces eran los médicos los que solicitaban que se levantara el secreto del sumario, porque su táctica era la inversa: identificar a ex mujeres que se habían sentido engañadas para amedrentarlas, y fue precisamente los ultras de AES quienes pedían que se mantuviera el secreto del sumario.
Y es que a los canallas casi nunca se les detienen en los clubes de sinceridad. Lo que ocurre es que a veces cuentan con el apoyo de las autoridades y con la defensa de la autoridad mediática, que es mucho más poderosa.
Eulogio López
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