Sr. Director:

En un estudio llevado a cabo por Gaceta Sanitaria, donde se identifican las principales contrariedades que afectan a los médicos como consecuencia de la aplicación de la ley de eutanasia. Esta norma, que se aprobó en España en el año 2021, ha acabado con la vida de 749 personas, según los últimos datos publicados.

Para el análisis, los investigadores atendieron a cuatro momentos: la recepción de la solicitud, el papeleo burocrático, el trámite propiamente dicho y el cierre. En cada una de estas situaciones, explican los autores, surgen “dificultades que pueden ser fuente de malestar” y tienen que ver con los “límites y tensiones” entre lo jurídico y lo moral, la concepción del propio rol profesional, el estrés y la sobrecarga, la falta de apoyo formal e informal, así como la relación con el paciente y su familia. La conclusión es que el 20 por ciento de los médicos sufren problemas de salud mental tras aplicarla.

 Lo que está pasando tiene una explicación clara: nadie puede determinar cuándo ha de morir una persona. Sencillamente. Así pues, si hay sanitarios afectados psicológicamente se debe a que se han involucrado en una acción perversa en sí misma, se venda como se venda. Además, precisamente porque tienen una sensibilidad especial hacia la vida, con esta práctica sufren una contradicción que no resuelve ningún discurso ideológico, incluso aunque se comulgue con el mismo. Se los aboca a la impostura, y la impostura nunca acaba bien.