Como es sabido, la emisión de deuda autonómica requiere de la autorización estatal debido a que el Estado actúa de responsable civil subsidiario de dicha deuda. Gracias a este mecanismo, el Estado podría disciplinar a las CCAA para que cerraran el grifo de la deuda. Bastaría con que no avalasen la misma, para que la emisión no pudiera llevarse a cabo.
Pues bien, el pasado viernes 3 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó la autorización para la ampliación del programa de emisión de bonos y obligaciones de Andalucía hasta un importe máximo de 458.134.548 euros. Además, también se autorizó una o varias emisiones de deuda pública catalana por un importe máximo de 624.470.175,74. ¿Será a esto a lo que los catalanistas de todos los partidos denominan buena gestión?
